Un juez de control determinó vincular a proceso a Leobardo R, excoodinador de servicios periciales de la Fiscalía General del estado de Coahuila, por presuntamente modificar la autopsia del periodista Juan Espinoza Menera, mejor conocido como El Valedor, asesinado en Piedras Negras el 21 de agosto de 2020.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la vinculación a proceso del exfuncionario se dio de manera específica por la probable comisión de los delitos de encubrimiento de tortura, emisión de dictámenes periciales falsos, alteración de documentos y ocultamiento de evidencia.
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Este asunto se relaciona con la facultad de atracción del 28 de agosto de 2020 ejercida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que determinó intervenir para esclarecer el asesinato del comunicador.
“Como resultado de la investigación, se determinó que el periodista fue víctima de tortura y homicidio calificado, por parte de elementos policiacos de Piedras Negras, con la finalidad de castigar el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y se obtuvieron las órdenes de aprehensión en contra de los autores materiales de los hechos”, señaló la Fiscalía mediante un comunicado.
Desde el pasado mes de febrero el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer diversos avances en la investigación del asesinato de Juan Espinoza desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador.
“En el caso de Juan Nelsio Espinoza Menera en Piedras Negras, se atrajo por la Fiscalía General y hay tres órdenes de aprehensión por homicidio y tortura, también por encubrimiento y en este caso están relacionados quienes eran servidores públicos al momento de los hechos”, dijo Mejía.
Ya en audiencia, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila, determinó que existen elementos suficientes para acreditar la probable participación de Leobardo en conductas realizadas con la finalidad de encubrir los actos de tortura que resultaron en el homicidio del periodista, para así evitar la responsabilidad penal de los elementos de la policía.
Por ello, el juez otorgó a la FGR un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y medidas cautelares en contra del exfuncionario para garantizar su presentación durante el caso y la seguridad de las víctimas indirectas.
