/ lunes 9 de julio de 2018

Urge nuevo debate sobre la mariguana: Senado de la República

Legislación de Canadá busca equilibrar distintas consideraciones políticas, económicas y sociales

Para el Senado de la República, la despenalización de la mariguana en Canadá, representa un nuevo paradigma en la política de drogas de relevancia para México, revela el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), que de acuerdo con el Informe Mundial de las Drogas 2017, se estima que 183 millones de personas globalmente han usado cannabis.

Particularmente para México y su relación con América del Norte, este cambio de paradigma implicará, en buena medida, contribuir a replantear el propio. Sumada a la experiencia de distintos estados de la Unión Americana que han despenalizado el uso de la mariguana para fines recreativos, la experiencia canadiense podría servir para inspirar un nuevo debate en México.

El estudio señala que el ejemplo que Canadá ofrece al mundo tiene que ver con una legislación que busca equilibrar distintas consideraciones políticas, económicas y sociales y que efectuó un cálculo entre las necesidades imperantes de la vecindad geográfica con Estados Unidos, la importancia de combatir las adicciones y de incorporar un enfoque de regulación equilibrado reconociendo nuevas realidades en la materia.

El Cannabis Act C-45 eleva las prohibiciones penales en cuanto a la venta, distribución, posesión, producción, importación y exportación ilegales de cannabis y reconoce al gobierno canadiense como el único autorizado para facultar a personas la posesión, venta o distribución de cannabis en virtud de la ley provincial correspondiente y establece sanciones monetarias y administrativas al incurrir en faltas a la ley.

Al ser una ley que tiene como principal propósito mitigar el consumo de cannabis entre los jóvenes, la ley prohíbe cualquier promoción, envasado y etiquetado que pueda fomentar el consumo de cannabis dentro de esta población. Como contrapeso la ley está abierta a que los consumidores tengan acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre el consumo de la sustancia.

Autoriza a las provincias a establecer regulaciones sobre calidad, pruebas, composición, envasado y etiquetado.


Para el Senado de la República, la despenalización de la mariguana en Canadá, representa un nuevo paradigma en la política de drogas de relevancia para México, revela el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), que de acuerdo con el Informe Mundial de las Drogas 2017, se estima que 183 millones de personas globalmente han usado cannabis.

Particularmente para México y su relación con América del Norte, este cambio de paradigma implicará, en buena medida, contribuir a replantear el propio. Sumada a la experiencia de distintos estados de la Unión Americana que han despenalizado el uso de la mariguana para fines recreativos, la experiencia canadiense podría servir para inspirar un nuevo debate en México.

El estudio señala que el ejemplo que Canadá ofrece al mundo tiene que ver con una legislación que busca equilibrar distintas consideraciones políticas, económicas y sociales y que efectuó un cálculo entre las necesidades imperantes de la vecindad geográfica con Estados Unidos, la importancia de combatir las adicciones y de incorporar un enfoque de regulación equilibrado reconociendo nuevas realidades en la materia.

El Cannabis Act C-45 eleva las prohibiciones penales en cuanto a la venta, distribución, posesión, producción, importación y exportación ilegales de cannabis y reconoce al gobierno canadiense como el único autorizado para facultar a personas la posesión, venta o distribución de cannabis en virtud de la ley provincial correspondiente y establece sanciones monetarias y administrativas al incurrir en faltas a la ley.

Al ser una ley que tiene como principal propósito mitigar el consumo de cannabis entre los jóvenes, la ley prohíbe cualquier promoción, envasado y etiquetado que pueda fomentar el consumo de cannabis dentro de esta población. Como contrapeso la ley está abierta a que los consumidores tengan acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre el consumo de la sustancia.

Autoriza a las provincias a establecer regulaciones sobre calidad, pruebas, composición, envasado y etiquetado.


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