/ miércoles 21 de noviembre de 2018

Juez suspende tope salarial a magistrada federal

Es la primera suspensión provisional contra la disposición para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al Presidente

El juez Décimo de Distrito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, otorgó la primera suspensión provisional contra la disposición para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al Presidente de la República, disposición que entre en vigor este jueves.

La suspensión le fue otorgada a la magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, Sonia Rojas Castro quien impugnó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que recientemente fue avalada por el Congreso de la Unión, y en donde se mandata que ningún servidor publico podrá ganar mas que el presiente de la República, quien devengara un salario de 108 mil pesos a partir del 1 de diciembre.

En sus argumentos, el juez señala que de negarse la medida cautelar, ello constituiría una permisión tácita de un atentando contra la independencia del Poder Judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado.

Además, señala, se trasgrede directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia.

En el acuerdo de este miércoles, el juez Décimo de Distrito con residencia en Mazatlán, Sinaloa.

Recalca que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y su ausencia afecta el derecho de acceder a la justicia, además de generar desconfianza y hasta temor que orille a las personas a no recurrir a los tribunales.

Hace referencia que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Es de recordar que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es aplicable a todos los funcionarios públicos federales, integrantes del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación, miembros de los órganos autónomos como el INE o el Banco de México, universidades autónomas (UNAM, IPN), paraestatales (Pemex, CFE) y entidades públicas prestadoras de servicios (IMSS, ISSSTE). Es decir, abarca a todos los organismos y dependencias del Estado mexicano, con excepción de los estados y los municipios.

A partir de que entre en vigor dicha ley , todos los funcionarios deberán acatar las medidas adoptadas por lo que se espera que a partir de esta quincena los servidores públicos de la administración federal perciban menos de 108 mil pesos.



El juez Décimo de Distrito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, otorgó la primera suspensión provisional contra la disposición para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al Presidente de la República, disposición que entre en vigor este jueves.

La suspensión le fue otorgada a la magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, Sonia Rojas Castro quien impugnó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que recientemente fue avalada por el Congreso de la Unión, y en donde se mandata que ningún servidor publico podrá ganar mas que el presiente de la República, quien devengara un salario de 108 mil pesos a partir del 1 de diciembre.

En sus argumentos, el juez señala que de negarse la medida cautelar, ello constituiría una permisión tácita de un atentando contra la independencia del Poder Judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado.

Además, señala, se trasgrede directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia.

En el acuerdo de este miércoles, el juez Décimo de Distrito con residencia en Mazatlán, Sinaloa.

Recalca que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y su ausencia afecta el derecho de acceder a la justicia, además de generar desconfianza y hasta temor que orille a las personas a no recurrir a los tribunales.

Hace referencia que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Es de recordar que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es aplicable a todos los funcionarios públicos federales, integrantes del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación, miembros de los órganos autónomos como el INE o el Banco de México, universidades autónomas (UNAM, IPN), paraestatales (Pemex, CFE) y entidades públicas prestadoras de servicios (IMSS, ISSSTE). Es decir, abarca a todos los organismos y dependencias del Estado mexicano, con excepción de los estados y los municipios.

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