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De 2013 al 20 de enero de 2020, al menos 40 periodistas tuvieron que huir con sus familias de sus lugares de origen ante la amenaza a su vida por ejercer su profesión. De estos, 22 se encuentran en la Ciudad de México, de acuerdo con el Diagnóstico sobre personas que en ejercicio de la libertad de expresión se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
El documento destaca que el último caso fue atendido el 16 de enero de 2020 y que 18 expedientes de queja están registrados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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El diagnóstico recabó datos de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV), según los cuales, 15 periodistas –dos mujeres y 13 hombres–, se encuentran refugiados en la capital del país.
Al presentar el diagnóstico, Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), advirtió que la desaparición de fideicomisos para la protección de periodistas no sólo atenta contra la libertad de expresión en el país, sino que pone en riesgo la seguridad de comunicadores que son obligados a huir.
“Es algo a lo que le tenemos que poner atención porque eso, también, va a tener un impacto a corto y largo plazo en esa atención integral a las y los periodistas que se han visto en la necesidad de desplazarse de manera forzada de sus medios, de sus comunidades, de sus contextos, junto con sus familias”, dijo.
Afirmó que la impunidad y la inseguridad para ejercer el periodismo son las principales causas del desplazamiento forzado de comunicadores en todo el país.
Alertó además que “las zonas de silencio”, donde los periodistas no pueden dar a conocer información sin correr peligro, han crecido en estados de la República como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.
Jeremy Williammee, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), afirmó que las condiciones para ejercer el periodismo en México no han mejorado.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, destacó que el desplazamiento forzado interno es un hecho victimizante que se produce porque el Estado no pudo respetar, garantizar, ni protege a las personas y sus derechos.
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