/ martes 13 de agosto de 2019

Rosario Robles a proceso en el penal de Santa Martha

Acusada por el desvío millonario en la Estafa Maestra

Esta mañana se determinó prisión preventiva para Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, a quien se le acusa por el desvío millonario conocido como “Estafa Maestra”.

Esta medida fue ordenada por el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadilla, por lo que la ex funcionaria permanecerá en una celda del penal femenil de Santa Martha en donde enfrentará el proceso en su contra.

A través de sus abogados, Robles Berlanga pidió al juez que no le aplicara esa medida al alegar que siempre ha vivido de su trabajo y que desconocía la intención de la Fiscalía General de la República para pedir prisión preventiva oficiosa.

La siguiente audiencia se realizará en dos meses, tiempo durante el cual Rosario Robles estará en prisión, decisión que la sorprendió aún más y declaró que “me he presentado de manera voluntaria, he vivido en el mismo domicilio desde hace 24 años, he trabajado toda mi vida y no tengo recursos para irme a Canadá y luego regresar impunemente".

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A pesar de lo declarado por Rosario Robles, que vivía en la alcaldía de Coyoacán, el juez Felipe de Jesús Delgadilla Padierna aseguró que las dos veces que fue buscada por el Ministerio Público no estaba, además de que retirarle su pasaporte no garantizaría que se sustraiga de la acción de la justicia.

En su deliberación, el impartidor de justicia también ordenó a la defensa de Rosario Robles que a más tardar el 16 de agosto debe presentar ante el ministerio publico una copia certificada de la entrega-recepción que hizo del cargo a su sucesor José Antonio Meade, y en donde, de acuerdo a la defensa se detallaba las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre las contrataciones celebradas con entes públicos.

"El Ministerio Público decidirá si inicia o no una investigación contra José Antonio Meade por omisión", dijo el juez de control.

Ante la insistencia de la defensa de Rosario Robles de que, si informó al ex presidente Enrique Peña Nieto del pliego de observaciones hechos por Auditoría Superior de la Federación a través de la "línea roja" de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en reuniones de gabinete y giras de Estado, el juez dijo, "se debe aclarar si el expresidente Peña está o no involucrado, y si sabía encubrió y no hizo nada para repararlo".

Continuó diciendo que sus cuentas están congeladas, y “siempre he luchado por el debido proceso por lo que le pido no tome la decisión de la prisión preventiva".

Incluso sus abogados solicitaron al juez que en vez de la prisión preventiva oficiosa se le retirara su pasaporte y una sanción económica, pero el juez se negó.

A las 04:59 horas de este martes y luego de casi 12 horas de audiencia, donde la defensa de Robles presentó 32 testimoniales y la Fiscalía General de la República desestimó una por una, el juez le dictó el auto de vinculación por delito de ejercicio indebido de la función pública detectado en la Sedesol y la Sedatu, argumentando que Robles sí supo de las irregularidades en los contratos con universidades públicas y sin embargo fue omisa, además de que permitió que personal a su cargo actuará de forma irregular.

Dijo que actuó con dolo, ya que los 5 mil 73 millones de pesos que se desviaron no se usaron para lo que originalmente fueron planeados.

Esta mañana se determinó prisión preventiva para Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, a quien se le acusa por el desvío millonario conocido como “Estafa Maestra”.

Esta medida fue ordenada por el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadilla, por lo que la ex funcionaria permanecerá en una celda del penal femenil de Santa Martha en donde enfrentará el proceso en su contra.

A través de sus abogados, Robles Berlanga pidió al juez que no le aplicara esa medida al alegar que siempre ha vivido de su trabajo y que desconocía la intención de la Fiscalía General de la República para pedir prisión preventiva oficiosa.

La siguiente audiencia se realizará en dos meses, tiempo durante el cual Rosario Robles estará en prisión, decisión que la sorprendió aún más y declaró que “me he presentado de manera voluntaria, he vivido en el mismo domicilio desde hace 24 años, he trabajado toda mi vida y no tengo recursos para irme a Canadá y luego regresar impunemente".

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En su deliberación, el impartidor de justicia también ordenó a la defensa de Rosario Robles que a más tardar el 16 de agosto debe presentar ante el ministerio publico una copia certificada de la entrega-recepción que hizo del cargo a su sucesor José Antonio Meade, y en donde, de acuerdo a la defensa se detallaba las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre las contrataciones celebradas con entes públicos.

"El Ministerio Público decidirá si inicia o no una investigación contra José Antonio Meade por omisión", dijo el juez de control.

Ante la insistencia de la defensa de Rosario Robles de que, si informó al ex presidente Enrique Peña Nieto del pliego de observaciones hechos por Auditoría Superior de la Federación a través de la "línea roja" de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en reuniones de gabinete y giras de Estado, el juez dijo, "se debe aclarar si el expresidente Peña está o no involucrado, y si sabía encubrió y no hizo nada para repararlo".

Continuó diciendo que sus cuentas están congeladas, y “siempre he luchado por el debido proceso por lo que le pido no tome la decisión de la prisión preventiva".

Incluso sus abogados solicitaron al juez que en vez de la prisión preventiva oficiosa se le retirara su pasaporte y una sanción económica, pero el juez se negó.

A las 04:59 horas de este martes y luego de casi 12 horas de audiencia, donde la defensa de Robles presentó 32 testimoniales y la Fiscalía General de la República desestimó una por una, el juez le dictó el auto de vinculación por delito de ejercicio indebido de la función pública detectado en la Sedesol y la Sedatu, argumentando que Robles sí supo de las irregularidades en los contratos con universidades públicas y sin embargo fue omisa, además de que permitió que personal a su cargo actuará de forma irregular.

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