El abogado morelense Joaquín Guillermo Fernández Urban presentó denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de secuestro, despojo y calumnias cometidos en su agravio. Fernández Urban acusó que la privación ilegal de su libertad fue una medida de presión para que se desistiera de un juicio civil en el que defendía la posesión legal de un predio en la Ciudad de México.
Con los antecedentes del caso, el abogado denunció despojo y calumnias materializadas por el periódico Reforma y la empresa Televisa.
Los métodos de presión y acosó legal contra su persona, cita el abogado, comenzaron cuando era propietario directo de un solo predio ubicado en la zona de Polanco, el sitio de mayor plusvalía en la capital del país, el cual fue despojado por Luis Miguel Campos, un abogado que contaba con el apoyo y la protección de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
Así que ambos, el abogado y la PGJCDMX, actuaron en contubernio y lo despojaron de su predio con recursos evidentemente ilegales y con visos de complicidad criminal, sostuvo, porque lo involucraron en la integración de por lo menos tres averiguaciones previas sin que tuviera ninguna relación con los hechos asentados en la indagatorias.
Y en un uso faccioso de la ley, agregó Fernández Urban, donde no tenía relación alguna, lo detuvieron pero a falta de elementos para procesar lo dejaron en libertad aunque siguieron adjudicándole delitos desde la PGJCDMX.
El abogado afirma que la Procuraduría capitalina tiene una clara alianza con Televisa y el periódico Reforma para montar una campaña de desprestigio en su contra mediante reportajes pagaos, unilaterales, difamatorios y con señalamientos falsos de adjudicarse 16 predios en la CDMX.
Sus acusaciones, dice Fernández Urban, carecen de elementos probatorios y aunque la ley permite el derecho de réplica los medios de comunicación son omisos y violentan la disposición constitucional.
El objetivo fue claro, sostiene el abogado morelense, se trató de mantener de manera reiterada el denuesto social y la invención de delitos para debilitar su defensa legal y cerraron la “pinza” de presión mediante la privación ilegal de la libertad.
El abogado asegura que un grupo armado, al servicio de la Procuraduría de Justicia capitalina, lo secuestró y lo obligó a desistirse de toda acción legal.
“Es momento de comprobar si la Cuarta Transformación en verdad luchará contra este tipo de actos que son comunes en todo nuestro país y que son típicos de Procuradores de Justicia estatales, quienes al no tener ningún control ni freno para actuar y delinquir a sus anchas, lo hacen si así lo quieren”, reta Fernández Urban.
