/ sábado 27 de enero de 2018

El SNA, incompleto y disfuncional

Falta de fiscal, auditor y 18 magistrados retrasa engranaje: Comité de Participación Ciudadana

El próximo martes 30 de enero el Comité de Participación Ciudadana cumple su primer aniversario, y en un balance general, sus miembros reconocieron que, en su tarea más importante: la conformación institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, quedan varios pendientes, incluso consideraron que no puede ser visto como un sistema ante la falta de nombramientos y trabajos inconclusos en los sistemas locales.

Durante una serie de entrevistas exclusivas con El Sol de México, los cuatro integrantes del CPC que darán continuidad a los proyectos que inició Jacqueline Peschard, presidenta de este órgano hasta el 8 de febrero, aseguraron que en este primer año, utilizaron todos los medios a su alcance para concluir el engranaje del SNA; sin embargo, la postergación de las autoridades responsables de designar al Fiscal Anticorrupción, el Auditor Superior de la Federación y los 18 magistrados en la materia, ha retrasado el engranaje.

Ante la falta de independencia a nivel federal y estatal Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha y Octavio López Presa, coincidieron en que es necesario impulsar un nuevo método de selección: abierto, transparente, objetivo e independiente; alejado de los amiguismos.

Bajo este panorama y la aproximación del proceso electoral, podrían presentarse dificultades en la gestión de la Política Nacional Anticorrupción, debido a que podrían politizar el tema durante las campañas; no obstante, los integrantes del CPC, con el apoyo de las organizaciones sociales, ya trabajan en una metodología y un cronograma tentativo para incluir en el proceso a la sociedad.

En el Programa Anual de Trabajo 2017 del Comité de Participación Ciudadana, se establecieron cerca de 22 metas a cumplir, divididas en tres ejes de trabajo: a) construcción institucional, b) procesos relevantes establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y c) diseño y desarrollo de proyectos estratégicos; de estos se cumplieron el 50%, el 31.8 está en proceso y el 18.18 están en proceso de lograrse.

Resaltaron en su segundo año darán continuidad y trabajarán sobre el diagnóstico que realizaron. Aunque no dieron detalles de las características que debería tener el sustituto de la doctora Peschard Mariscal, se afirmaron que su designación, así como la de los miembros del Secretariado Ejecutivo, servirá de ejemplo al resto de los órganos que integran el SNA.

 

EL SNA, UN SISTEMA INCONCLUSO

El Comité de Participación Ciudadana apremió al Senado de la República para que agilice las designaciones correspondientes, sin embargo, ha tenido que intervenir en el proceso para evitar que se nombre a personas con militancia partidistas, conflictos de interés o subordinación gubernamental.

“Es un proceso que se ha llevado como a la antigüita, mandaron a gente muy disímbola, sin un concurso abierto, sin pasar por un proceso de parlamento donde participara la sociedad, simplemente mandaron hombres con filiaciones partidistas del Ejecutivo al Senado, refiriendo que el Senado los ratificara. Y lo que hicimos nosotros fue pararlo”, refirió José Octavio López Presa.

Este modelo persiste en los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), los cuales no han logrado la independencia total, debido a la ausencia de un protocolo que especifique cómo debe designarse a sus titulares, cuáles son sus funciones, cómo deben administrar sus recursos, incluso, definir las prioridades de su agenda.

“Hay dudas técnicas en materia de honorarios, cuánto deben recibir los miembros del CPC, incluso, de dónde deben salir los recursos, qué instancia de gobierno es la responsable. Son problemas de carácter técnico, algunos de carácter político, porque hay CPC´s con personajes que no sabemos si gozan de total independencia”, explicó Alfonso Hernández sobre la situación de los SLA.

De ahí que los avances que se tengan sean mínimos, ni siquiera, el mismo Sistema Nacional Anticorrupción ha podido escapar de un “mal generalizado”, presente en todas las dependencias gubernamentales del país.

“Se le llama SNA porque así lo dice la ley, pero al momento que no está ni parchado. Está como queso gruyer. Sí es un sistema, pero uno disfuncional, institucionalmente hablando”, comentó Luis Pérez de Acha.

 

POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La Política Nacional Anticorrupción es “la primera piedra” del sistema, en ella se incluirán los delineamientos para seleccionar a sus integrantes, como los contralores internos, los cuales fueron nombrados por los funcionarios en turno.

Para Mariclairte Acosta, próxima presidenta del CPC, la corrupción es sistémica e invade todos los rincones de la sociedad, por ello, se perfila como uno de los retos más grandes y se convocará a foros y mesas de debate, donde se detecten los problemas en cada uno de los sectores de la población.

“Estamos esperando que todo esto se sistematice en un documento que va a dar como el punto de partida para seguir trabajando, tenemos previsto hacer consultas regionales, preguntas sectoriales para tener insumos e ir enriqueciendo esta política o este esbozo de política”, adelantó Acosta Urquidi.

Por otro lado, considera que la lucha contra la corrupción debe extender sus trabajos de coordinación con organizaciones defensores de derechos humanos, ambientales y desarrollo social, pues una buena parte de la corrupción, vulnera estos sectores.

El próximo martes 30 de enero el Comité de Participación Ciudadana cumple su primer aniversario, y en un balance general, sus miembros reconocieron que, en su tarea más importante: la conformación institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, quedan varios pendientes, incluso consideraron que no puede ser visto como un sistema ante la falta de nombramientos y trabajos inconclusos en los sistemas locales.

Durante una serie de entrevistas exclusivas con El Sol de México, los cuatro integrantes del CPC que darán continuidad a los proyectos que inició Jacqueline Peschard, presidenta de este órgano hasta el 8 de febrero, aseguraron que en este primer año, utilizaron todos los medios a su alcance para concluir el engranaje del SNA; sin embargo, la postergación de las autoridades responsables de designar al Fiscal Anticorrupción, el Auditor Superior de la Federación y los 18 magistrados en la materia, ha retrasado el engranaje.

Ante la falta de independencia a nivel federal y estatal Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha y Octavio López Presa, coincidieron en que es necesario impulsar un nuevo método de selección: abierto, transparente, objetivo e independiente; alejado de los amiguismos.

Bajo este panorama y la aproximación del proceso electoral, podrían presentarse dificultades en la gestión de la Política Nacional Anticorrupción, debido a que podrían politizar el tema durante las campañas; no obstante, los integrantes del CPC, con el apoyo de las organizaciones sociales, ya trabajan en una metodología y un cronograma tentativo para incluir en el proceso a la sociedad.

En el Programa Anual de Trabajo 2017 del Comité de Participación Ciudadana, se establecieron cerca de 22 metas a cumplir, divididas en tres ejes de trabajo: a) construcción institucional, b) procesos relevantes establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y c) diseño y desarrollo de proyectos estratégicos; de estos se cumplieron el 50%, el 31.8 está en proceso y el 18.18 están en proceso de lograrse.

Resaltaron en su segundo año darán continuidad y trabajarán sobre el diagnóstico que realizaron. Aunque no dieron detalles de las características que debería tener el sustituto de la doctora Peschard Mariscal, se afirmaron que su designación, así como la de los miembros del Secretariado Ejecutivo, servirá de ejemplo al resto de los órganos que integran el SNA.

 

EL SNA, UN SISTEMA INCONCLUSO

El Comité de Participación Ciudadana apremió al Senado de la República para que agilice las designaciones correspondientes, sin embargo, ha tenido que intervenir en el proceso para evitar que se nombre a personas con militancia partidistas, conflictos de interés o subordinación gubernamental.

“Es un proceso que se ha llevado como a la antigüita, mandaron a gente muy disímbola, sin un concurso abierto, sin pasar por un proceso de parlamento donde participara la sociedad, simplemente mandaron hombres con filiaciones partidistas del Ejecutivo al Senado, refiriendo que el Senado los ratificara. Y lo que hicimos nosotros fue pararlo”, refirió José Octavio López Presa.

Este modelo persiste en los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), los cuales no han logrado la independencia total, debido a la ausencia de un protocolo que especifique cómo debe designarse a sus titulares, cuáles son sus funciones, cómo deben administrar sus recursos, incluso, definir las prioridades de su agenda.

“Hay dudas técnicas en materia de honorarios, cuánto deben recibir los miembros del CPC, incluso, de dónde deben salir los recursos, qué instancia de gobierno es la responsable. Son problemas de carácter técnico, algunos de carácter político, porque hay CPC´s con personajes que no sabemos si gozan de total independencia”, explicó Alfonso Hernández sobre la situación de los SLA.

De ahí que los avances que se tengan sean mínimos, ni siquiera, el mismo Sistema Nacional Anticorrupción ha podido escapar de un “mal generalizado”, presente en todas las dependencias gubernamentales del país.

“Se le llama SNA porque así lo dice la ley, pero al momento que no está ni parchado. Está como queso gruyer. Sí es un sistema, pero uno disfuncional, institucionalmente hablando”, comentó Luis Pérez de Acha.

 

POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La Política Nacional Anticorrupción es “la primera piedra” del sistema, en ella se incluirán los delineamientos para seleccionar a sus integrantes, como los contralores internos, los cuales fueron nombrados por los funcionarios en turno.

Para Mariclairte Acosta, próxima presidenta del CPC, la corrupción es sistémica e invade todos los rincones de la sociedad, por ello, se perfila como uno de los retos más grandes y se convocará a foros y mesas de debate, donde se detecten los problemas en cada uno de los sectores de la población.

“Estamos esperando que todo esto se sistematice en un documento que va a dar como el punto de partida para seguir trabajando, tenemos previsto hacer consultas regionales, preguntas sectoriales para tener insumos e ir enriqueciendo esta política o este esbozo de política”, adelantó Acosta Urquidi.

Por otro lado, considera que la lucha contra la corrupción debe extender sus trabajos de coordinación con organizaciones defensores de derechos humanos, ambientales y desarrollo social, pues una buena parte de la corrupción, vulnera estos sectores.

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