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Ya hay plan de trabajo del Consejo Ciudadano Anticorrupción

  • Armando Cobián Lafont
  • en Local

Los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, Juan Adolfo Von Bertrab y Carlos Rangel Orona, que son los representantes de la Región Laguna en este importante organismo, confirmaron que ya quedó definido el plan de trabajo 2018, que contempla una serie de reuniones con organizaciones académicas y miembros de la sociedad civil, con trabajos en los temas anticorrupción, así como también con organismos nacionales.

Dentro de las estrategias que enmarcan este plan está el elaborar y someter a consideración de diversas organizaciones de la sociedad civil, las normas de carácter interno que regirán el funcionamiento y estructura interna del Consejo de Participación Ciudadana, su relación con la sociedad civil, ciudadanos, así como con la academia.

Además de diseñar e implementar la logística para instalar el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Ello implica solicitar la colaboración de los integrantes de dichos órganos, a través de reuniones de trabajo entre los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y los titulares de las autoridades del Comité Coordinador, reiteró Rangel Orona.

“Se trata de un plan muy completo en el cual trabajamos por semanas y lo seguiremos nutriendo con las aportaciones de la sociedad”, precisó Juan Adolfo Von Bertrab, quien habló del diseño y desarrollo del proceso de selección de la terna para nombrar al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado. El trabajo abarca desde la definición de una metodología que asegure que el proceso sea abierto, transparente y auditable por parte de los ciudadanos. Se trata de que dicha terna cuente con perfiles de probada capacidad profesional, con autonomía e independencia.

La emisión de una convocatoria abierta a la ciudadanía, estableciendo tanto los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Estatal, como aquellos considerados de carácter cualitativo, para alcanzar el objetivo de presentar al órgano de gobierno una terna con candidatos técnicamente robustos y con probada integridad moral. Análisis de los datos curriculares de los candidatos registrados que habrán de registrarse en cédulas de evaluación cuantitativa, a fin de realizar una evaluación que se complementará con los resultados de las entrevistas, las cuales permiten una evaluación más cualitativa y personal de los candidatos.

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El Consejo deliberará sobre los candidatos entrevistados para presentar una terna al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, quien por cinco votos hará el nombramiento del secretario técnico.

Deliberar sobre la estructura organizativa y el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, considerando las áreas que habrán de encargarse de las funciones esenciales de dicho órgano paraestatal: de análisis de riesgos, informática, administración, jurídico, vinculación con otros estados y municipios y con sociedad civil.

Gestionar tanto el presupuesto inicial para la Secretaría Ejecutiva con la Secretaría de Finanzas, así como el otorgamiento de un espacio físico para la instalación de sus oficinas. Una vez nombrado el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, éste se encargará de que se otorgue el presupuesto y se registre la estructura de la Secretaría.

Se instalará la Comisión Ejecutiva, que es la instancia encargada de generar los insumos técnicos para sustentar las funciones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.

Diseñar la estrategia de comunicación interna y externa del Consejo de Participación Ciudadana.

Se someterá a la consideración del Comité Coordinador, para la elaboración de la agenda de riesgos en materia de corrupción. Esta agenda de riesgo deberá indubitablemente partir de un primer análisis que el Consejo de Participación Ciudadana realiza en conjunto con las cámaras empresariales, académicos y sociedad civil. Para ello, habrá que considerar las experiencias de países como Colombia, Perú o Paraguay.

Elaborar a través de una convocatoria pública un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Consejo de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana.

Elaborar un diagnóstico en conjunto con la academia y la sociedad civil de los instrumentos de contraloría social ya existentes y en su caso modificarlos o fortalecerlos.

“Se trata de un plan muy completo como se puede ver”, reiteraron.

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