/ miércoles 22 de julio de 2020

Van por prisión a pacientes con Covid-19 que no se aíslen

Además, serían acreedores a una multa

Coahuila.- Bajo el argumento de que los contagiados con Covid-19 que no se aíslan ni cumplen con los protocolos de las autoridades ponen en riesgo la salud de la población, Edgar Sánchez Garza, diputado independiente, propuso una modificación al Código Penal del Estado.

De acuerdo con la entrevista de un medio de comunicación con el legislador, se busca imponer de tres meses a tres años de prisión, así como una multa, a quien con conocimiento de padecer una enfermedad transmisible ponga a otro en peligro de contagio.

La reforma se implementaría al artículo 216 del ya mencionado Código, donde se aclararía que la sanción económica iría de las 100 a las 400 Unidades de Medida y Actualización (UMAs); además, si el sujeto pasivo es menor de 18 o mayor de 60, la pena máxima de prisión se incrementaría a cinco años, y el delito se perseguiría por querella de la víctima.

Esta iniciativa pretende que los ciudadanos portadores de un virus transmisible, que rompen de manera dolosa el aislamiento con el fin de esparcir la enfermedad, sean sancionados.

Dicha consideración legal ya se ha establecido en otros estados del país como Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí y Puebla.

Coahuila.- Bajo el argumento de que los contagiados con Covid-19 que no se aíslan ni cumplen con los protocolos de las autoridades ponen en riesgo la salud de la población, Edgar Sánchez Garza, diputado independiente, propuso una modificación al Código Penal del Estado.

De acuerdo con la entrevista de un medio de comunicación con el legislador, se busca imponer de tres meses a tres años de prisión, así como una multa, a quien con conocimiento de padecer una enfermedad transmisible ponga a otro en peligro de contagio.

La reforma se implementaría al artículo 216 del ya mencionado Código, donde se aclararía que la sanción económica iría de las 100 a las 400 Unidades de Medida y Actualización (UMAs); además, si el sujeto pasivo es menor de 18 o mayor de 60, la pena máxima de prisión se incrementaría a cinco años, y el delito se perseguiría por querella de la víctima.

Esta iniciativa pretende que los ciudadanos portadores de un virus transmisible, que rompen de manera dolosa el aislamiento con el fin de esparcir la enfermedad, sean sancionados.

Dicha consideración legal ya se ha establecido en otros estados del país como Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí y Puebla.

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