/ viernes 22 de mayo de 2020

Van gobernadores contra acuerdo de la Sener

Ahuyenta inversiones, afecta el empleo y falta a compromisos internacionales, advierten

Gobernadores de siete estados, firmaron un manifiesto para solicitar de manera conjunta al gobierno federal que anule el acuerdo publicado el pasado 15 de mayo por la Secretaría de Energía (Sener), por considerar que el mismo obstaculiza proyectos de generación de energías limpias, y convencidos de que sostenerlo sería un grave error, pues implicaría ahuyentar inversiones millonarias y evitaría la generación de muchos miles de empleos a partir de la cancelación de proyectos ya en marcha o que están por iniciarse, además de generar un grave impacto al medio ambiente y dejaría a México ante el mundo como un país irresponsable al dejar de cumplir con compromisos internacionales que ha suscrito precisamente a favor de la protección ambiental.

Son los gobernadores Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, José Rosas Aispiro Torres de Durango, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco y José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, quienes, reunidos en el pueblo mágico de Parras, signaron el denominado Manifiesto a Favor del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano y al Desarrollo con Energías Limpias y Renovables, esto además de establecer otros acuerdos, sobre todo en relación con la necesidad de avanzar de manera segura hacia la gradual reactivación económica ante la complicada situación que vive el país por la pandemia de Covid-19.

Precisamente en el tema de la emergencia sanitaria, coincidieron todos en que en sus entidades el actual ciclo escolar se cerrará con actividades académicas virtuales o en línea, al no haber condiciones para un retorno seguro a las aulas, y también decidieron solicitar a la Secretaría de Hacienda la devolución de los recursos que los gobiernos estatales que encabezan han tenido que emplear para poder cubrir gastos originados por la atención de la pandemia y sus implicaciones.

Para ello, la próxima semana se analizará la ruta jurídica seguir, sin que se descarte que tenga que llegar a promoverse una controversia constitucional en caso de que no se obtenga una respuesta adecuada, comentó en su oportunidad Riquelme Solís.

Por lo que respecta al citado manifiesto formal, se explicó que el acuerdo de la Sener prioriza de facto para la generación de energía el uso de combustóleo, producto residual altamente contaminante en azufre, lo que traería grandes consecuencias para la salud y la vida de millones de familias mexicanas. Se advirtió que sostenerlo iría en contra de una serie de protocolos internacionales que ha signado México, como lo es el acuerdo de París avalado también por otras 194 naciones, y pasaría también por encima de la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima firmado apenas el pasado mes de febrero por los gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo.

“Este tipo de acciones lastiman la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros” puntualizó durante la lectua del manifiesto el Fancisco Javier Garcí Cabeza de Vaca, quien puntualizó que “El brutal impacto de la pandemia en la economía del país nos exige como gobernantes fortalecer la confianza de quienes invierten y generan empleos.

LO QUE SE PERDERÍA

Enseguida, se hizo un recuento con algunos ejemplos claros de todo lo que se perdería sólo en los siete estados firmantes del manifiesto en caso de que el acuerdo de la Sener llegara a prevalecer, en el entendido de que muchos mexicanos se quedarían sin la posibilidad de acceder a energía limpia y más barata .

En ese sentido, Miguel Ángel Riquelme mencionó que en el caso de Coahuila funcionan cinco proyectos fotovoltaicos, dos eólicos con capacidad de mil 500 megawatts, con inversión de mil 815 millones de dólares, y lo más preocupante es que se pueden estancar otros 22, 18 de ellos fotovoltaicos y cinco eólicos con capacidad proyectada de tres mil megawatss, con lo cual se la generación de 18 mil empleos directos estaría en riesgo.

Por lo que respecta a Tamaulipas, se dijo que son tres mil 500 millones de dólares los que están en riesgo en inversión extranjera y nacional. En este estado hay 11 parques eólicos funcionando, cuatro más en fase de prueba casi listos para conectarse a la red de suministro, y ocho proyectos adicionales. Pero además parece que el actual gobierno está regresando a los años setentas, al privilegiar energía producida a base de combustóleo por encima de las energías limpias, sin importar el daño al ambiente, agregó el mandatario tamaulipeco.

En el caso de Nuevo León, actualmente hay siete proyectos de generación de energías limpias, cuatro ya funcionando y tres que están en proceso con mil 800 millones de dólares de inversión y con la posibilidad de generar 15 mil empleos en su fase inicial.

En tanto, en Jalisco lo que está en juego son inversiones por mil millones de dólares ya programadas, y más allá del tema de la inversión, en un estado donde hace apenas unos meses se canceló un proyecto de una termoeléctrica por considerar que este tipo de sistemas son altamente contaminantes.

Se planteó también el ejemplo de Durango, donde se están poniendo en riesgo la generación de dos mil megawatts con cinco proyectos ya en operación, cuatro por arrancar y 11 que están cumpliendo el trámite de permisos para poder iniciar su construcción, eso con dos mil millones de dólares de inversión en su conjunto, en procesos que ya tienen gran avance.

En este tema, los mandatarios estatales hicieron mucho hincapié en que el espíritu del manifiesto es hacer patente que México tiene importantes compromisos que debe cumplir ante los mexicanos y de cara al mundo a favor del medio ambiente.

Además, se dejó en claro que nunca será un argumento válido para cancelar proyectos de inversión de cualquier tipo, suponer que detrás de ellos habría -que si hay- proyectos contratos leoninos o ventajosos, o que están rodeados de corrupción y a ese respecto, pues en todo caso lo que procede ante tales circunstancias es que el gobierno federal actúe conforme a la ley, e investigue para que si hay irregularidades, éstas se sancionen.

Gobernadores de siete estados, firmaron un manifiesto para solicitar de manera conjunta al gobierno federal que anule el acuerdo publicado el pasado 15 de mayo por la Secretaría de Energía (Sener), por considerar que el mismo obstaculiza proyectos de generación de energías limpias, y convencidos de que sostenerlo sería un grave error, pues implicaría ahuyentar inversiones millonarias y evitaría la generación de muchos miles de empleos a partir de la cancelación de proyectos ya en marcha o que están por iniciarse, además de generar un grave impacto al medio ambiente y dejaría a México ante el mundo como un país irresponsable al dejar de cumplir con compromisos internacionales que ha suscrito precisamente a favor de la protección ambiental.

Son los gobernadores Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, José Rosas Aispiro Torres de Durango, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco y José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, quienes, reunidos en el pueblo mágico de Parras, signaron el denominado Manifiesto a Favor del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano y al Desarrollo con Energías Limpias y Renovables, esto además de establecer otros acuerdos, sobre todo en relación con la necesidad de avanzar de manera segura hacia la gradual reactivación económica ante la complicada situación que vive el país por la pandemia de Covid-19.

Precisamente en el tema de la emergencia sanitaria, coincidieron todos en que en sus entidades el actual ciclo escolar se cerrará con actividades académicas virtuales o en línea, al no haber condiciones para un retorno seguro a las aulas, y también decidieron solicitar a la Secretaría de Hacienda la devolución de los recursos que los gobiernos estatales que encabezan han tenido que emplear para poder cubrir gastos originados por la atención de la pandemia y sus implicaciones.

Para ello, la próxima semana se analizará la ruta jurídica seguir, sin que se descarte que tenga que llegar a promoverse una controversia constitucional en caso de que no se obtenga una respuesta adecuada, comentó en su oportunidad Riquelme Solís.

Por lo que respecta al citado manifiesto formal, se explicó que el acuerdo de la Sener prioriza de facto para la generación de energía el uso de combustóleo, producto residual altamente contaminante en azufre, lo que traería grandes consecuencias para la salud y la vida de millones de familias mexicanas. Se advirtió que sostenerlo iría en contra de una serie de protocolos internacionales que ha signado México, como lo es el acuerdo de París avalado también por otras 194 naciones, y pasaría también por encima de la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima firmado apenas el pasado mes de febrero por los gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo.

“Este tipo de acciones lastiman la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros” puntualizó durante la lectua del manifiesto el Fancisco Javier Garcí Cabeza de Vaca, quien puntualizó que “El brutal impacto de la pandemia en la economía del país nos exige como gobernantes fortalecer la confianza de quienes invierten y generan empleos.

LO QUE SE PERDERÍA

Enseguida, se hizo un recuento con algunos ejemplos claros de todo lo que se perdería sólo en los siete estados firmantes del manifiesto en caso de que el acuerdo de la Sener llegara a prevalecer, en el entendido de que muchos mexicanos se quedarían sin la posibilidad de acceder a energía limpia y más barata .

En ese sentido, Miguel Ángel Riquelme mencionó que en el caso de Coahuila funcionan cinco proyectos fotovoltaicos, dos eólicos con capacidad de mil 500 megawatts, con inversión de mil 815 millones de dólares, y lo más preocupante es que se pueden estancar otros 22, 18 de ellos fotovoltaicos y cinco eólicos con capacidad proyectada de tres mil megawatss, con lo cual se la generación de 18 mil empleos directos estaría en riesgo.

Por lo que respecta a Tamaulipas, se dijo que son tres mil 500 millones de dólares los que están en riesgo en inversión extranjera y nacional. En este estado hay 11 parques eólicos funcionando, cuatro más en fase de prueba casi listos para conectarse a la red de suministro, y ocho proyectos adicionales. Pero además parece que el actual gobierno está regresando a los años setentas, al privilegiar energía producida a base de combustóleo por encima de las energías limpias, sin importar el daño al ambiente, agregó el mandatario tamaulipeco.

En el caso de Nuevo León, actualmente hay siete proyectos de generación de energías limpias, cuatro ya funcionando y tres que están en proceso con mil 800 millones de dólares de inversión y con la posibilidad de generar 15 mil empleos en su fase inicial.

En tanto, en Jalisco lo que está en juego son inversiones por mil millones de dólares ya programadas, y más allá del tema de la inversión, en un estado donde hace apenas unos meses se canceló un proyecto de una termoeléctrica por considerar que este tipo de sistemas son altamente contaminantes.

Se planteó también el ejemplo de Durango, donde se están poniendo en riesgo la generación de dos mil megawatts con cinco proyectos ya en operación, cuatro por arrancar y 11 que están cumpliendo el trámite de permisos para poder iniciar su construcción, eso con dos mil millones de dólares de inversión en su conjunto, en procesos que ya tienen gran avance.

En este tema, los mandatarios estatales hicieron mucho hincapié en que el espíritu del manifiesto es hacer patente que México tiene importantes compromisos que debe cumplir ante los mexicanos y de cara al mundo a favor del medio ambiente.

Además, se dejó en claro que nunca será un argumento válido para cancelar proyectos de inversión de cualquier tipo, suponer que detrás de ellos habría -que si hay- proyectos contratos leoninos o ventajosos, o que están rodeados de corrupción y a ese respecto, pues en todo caso lo que procede ante tales circunstancias es que el gobierno federal actúe conforme a la ley, e investigue para que si hay irregularidades, éstas se sancionen.

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