Torreón, Coahuila. – En una iniciativa elaborada por el diputado Rodolfo Walss Aurioles y presentada formalmente este lunes, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila, promueve que se regule el uso de las videocámaras que se han instalado dentro del territorio estatal para su uso con fines a favor de la seguridad pública, como también el manejo de las imágenes que las mismas captan, a fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas que en ellas aparecen.
Al respecto, el legislador refirió durante una rueda de prensa, que se trata de la denominada Ley que Crea el Sistema de Video-vigilancia en Coahuila, misma que se pretende se aplique tanto en los alrededor de mil 300 equipos de video y de reconocimiento facial que instaló el gobierno estatal como los que por su parte hayan habilitado autoridades municipales, e incluso las que se usen dentro del ámbito de las direcciones de Tránsito.
Indicó que ya hay una ley en esta materia en siete estados de la República, y se pretende que Coahuila sea el octavo en lograrlo, para lo cual se le apuesta a la apertura y respaldo de la fracción mayoritaria en el Congreso y del gobierno estatal.
Explica que se trata uso de las citadas herramientas, toda vez que la información y las imágenes que obtienen las autoridades a través de las video-cámaras actualmente nadie sabe cómo la utiliza, qué manejo y qué trato se les le da, esto precisamente ante la ausencia de una ley que regule esto, en el entendido de que este es un tema que ha generado últimamente mucha polémica y controversia, y no Sólo en México sino a nivel mundial.
La propuesta sugiere la creación de un Comité Técnico que entre otras cosas vele por los derechos humanos de los ciudadanos que son video-grabados, y que tenga la facultad de delinear y hacer cumplir los criterios para decidir dónde instalar las cámaras, sistematizar el manejo de la información que se obtenga e incluso determinar un plazo que podría ser de 45 días para que el material obtenido a través de estos equipos sea destruido después de un plazo determinado si no hay un delito o alguna otra situación que investigar.
Igualmente, se deben determinar condiciones para evitar que la imagen y la información obtenida sea copiada, ni filtrada, y en todo caso se sancione a quienes lo hagan
Otro planteamiento tiene que ver con que, si en un momento dado un ciudadano decide solicitarla, puede obtener la información y las imágenes que de él se haya obtenido a través del citado sistema, pues se trata de datos personales correspondientes a su derecho a privacidad y a la intimidad, pues se trata de su pleno reconocimiento facial, de los trayectos que acostumbra seguir en su ruta diaria, y de la identidad de quienes suelen acompañarlo, entre otras cosas.
De acuerdo con Wals Aurioles, la ley propuesta a través de un total de 39 artículos regularía la instalación de cámaras y sobre todo el uso de la información que se obtenga en aspectos tales como la destrucción obligatoria de las imágenes después de 45 días de haber sido captadas y el derecho de los ciudadanos a tener acceso a ellas, prohibir su difusión salvo que sea para investigar hechos delictivos. También, se prohíbe orientar estos equipos hacia la captación de imágenes en espacios privados, y se contempla la posibilidad de hacer uso video-grabaciones realizadas por particulares cuando sea necesario para esclarecer hechos ilícitos.
