Torreón, Coahuila. - En el transcurso de los últimos años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), no ha emitido ni una sola recomendación dirigida a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en relación con irregularidades, omisiones o abusos que pudieran atribuirse a su personal operativo.
De hecho, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, asegura que en lo que va de la actual administración no se han recibido recomendaciones nuevas, aunque sí se han tenido que atender asuntos relacionados con otras que se generaron en el pasado, algunas desde hace ocho años, para dar seguimiento y cumplimiento a los procedimientos que se instauran en estos casos.
Consideró que se trata de una situación que llama la atención dado que “sin minimizar ni mucho menos tratar de tapar a nadie, la dirección de Seguridad Pública es la que más agentes tiene en toda La Laguna, y la que lleva a cabo cientos de acciones semanalmente en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.
En ese tenor, es natural que eventualmente haya a quien no le parezca adecuado el trabajo de los agentes preventivos y optará por hacer uso de su derecho para presentar alguna queja, a la que siempre se le dará la atención debida, en el entendido de que en casos así la autoridad municipal también tiene la obligación de comparecer ante la CDHEC y de contestar en los términos que correspondan.
Por otra parte, el funcionario reconoció que en el tiempo que ha transcurrido de la actual administración pública, sí se han dado casos de policías, lo mismo de agentes de vialidad que han tenido que ser dados de baja de sus labores por haber incumplido con sus funciones o incurrido en irregularidades, pero sin la intervención de Derechos Humanos.
Se trata de asuntos en los que las decisiones se han desprendido de procesos realizados por la Unidad de Asuntos Internos y la Contraloría Municipal, en casos en donde los involucrados actuaron de manera tal que incumplieron con las disposiciones contempladas dentro del correspondiente reglamento interior.
En tanto, continúa con la aplicación de exámenes de control y confianza, una obligación y una formalidad con la que se debe cumplir cada dos años, en el entendido de que siempre habrá la posibilidad de que algunos agentes no cumplan con las exigencias y los parámetros contemplados en exámenes que aspectos psicométricos, psicológicos y de salud, entre otras cosas.
