Torreón, Coahuila.- Un grupo de derechohabientes de instituciones del ISSSTE, solicitó a través de un documento el apoyo al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para conocer el estado de las investigaciones por los presuntos delitos contra el patrimonio del mismo, las cuales se realizan a partir de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado.
Para dar a conocer la entrega del mencionado escrito, se ofreció una rueda de prensa encabezada por José Luis Anzores, Víctor Manuel García Ruvalcaba, Elisa Faya y Graciela Montoya, quienes se identificaron como derechohabientes de las Instituciones de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila.
En este asunto se habla de una cantidad de mil 300 millones de pesos en perjuicio de instituciones como la Dirección de Pensiones, Fondo de la Vivienda, Servicio Médico y Seguro, por lo cual la ASE presentó en el año 2016 las denuncias penales relativas a las cuentas públicas del 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.
Las cantidades en números redondos al presunto daño al patrimonio de cada institución son: 424 millones de pesos al Instituto de Servicio Médico, 646 millones de pesos al Fondo de la Vivienda, 120 millones de pesos al Seguro y 108 millones de pesos a la Dirección de Pensiones.
Entre algunos de los presuntos delitos señalados están:
Desvío indebido de cientos de millones de pesos de las instituciones para uso del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 38 del SNTE, pago indebido de gratificaciones y compensaciones a administradores de cuentas institucionales del estado, la UAAAN y la UA de C, doble pago y prestaciones en exceso a comisionados que ya percibían sueldo de la Secretaría de Educación, entre muchos otros.
El grupo de inconformes informaron además de algunas acciones que llevarán a cabo para buscar una solución a esta problemática:
Como primera acción efectuarán una campaña informativa en todo el estado, con la que se quiere llegar a todas a las escuelas a través de las redes sociales.
Como segunda acción pedirán la intervención del Congreso Local y como tercera y última regresarán a Saltillo a solicitar al gobernador una respuesta a sus peticiones.
“En situación lógica un ciudadano recurre a sus autoridades para pedir que se haga lo que obligadamente impone la constitución, que es la justicia, y que ellos lleven a bien las investigaciones correspondientes”, indicó José Luis Anzores.
