Torreón, Coahuila.- El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Gallo Palmer, dijo que se insistirá ante los legisladores federales que integran la Cámara de Diputados para que sea modificada la Ley de Obra Pública y se elimine la adjudicación directa de obras y por invitación restringida, pues “es ahí donde está el verdadero problema para impulsar a la industria de la construcción, ya que se estima que solo el 10 por ciento entra a las famosas licitaciones públicas y el resto la operan los funcionarios federales al mejor postor”.
“Tras ver la forma de actuar del gobierno federal, estamos creando una gran alianza nacional entre los profesionistas y los empresarios relacionados con la industria de la construcción porque nos hemos sentido ofendidos pues ahora resulta que ya no tiene ciencia construir un camino o edificar una escuela, hoy queremos decirle al presidente de la república, que para eso estudiamos muchos años, que para eso nos preparamos para estar en las grandes empresas”, reiteró Gallo Palmer.
Lo anterior luego de que el presidente López Obrador diera a conocer que las escuelas las construirán los padres de familia y los caminos los habitantes de la zona.
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“No es posible que se ponga en riesgo la vida de los niños que irán a esas escuelas que pretenden construir sin la ayuda de arquitectos, ingenieros y profesionales en la materia, y mucho es posible que quieran poner a la gente a construir un camino o una carretera sin las debidas herramientas, esto es increíble”, destacó el presidente de la AMIC.
“Otro tema importante es que ya los legisladores federales deben aprobar la iniciativa para que se reforme la Ley de Obra Pública en nuestro país, que entre otras cosas permite que casi toda la obra que se hace en México se haga con adjudicación directa o con invitación restringida y lo cual representan casi el 80 a 90 por ciento de la obra y ya el resto para taparle el ojo al macho lo hacen por la vía de las licitaciones públicas”, advirtió.
“Es el momento de que con la ley en la mano se les pueda amarrar a los funcionarios federales, que son quienes se llevan el porcentaje en cada una de las obras, en lo que en México se conoce como ‘diezmo’”, puntualizó.
“Vamos hacer un frente común a nivel nacional y a exigirle a la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto y proteja los intereses del país”, destacó.
