/ miércoles 13 de noviembre de 2019

Imágenes de videocámaras de seguridad deben ser prueba plena de delito

Compaginarán uso de equipos instalados por el Estado y los del Municipio

Torreón, Coahuila. - Luego de reiterar su buena disposición a favor de que puedan estar de alguna manera compaginadas para su mejor aprovechamiento las cámaras instaladas en la ciudad por los gobiernos municipal y estatal, el alcalde Jorge Zermeño Infante considera como acertada la modificación a la legislación en materia de seguridad que se promoverá con la finalidad de apostarle, entre otras cosas, a que las imágenes que se obtengan a través del llamado sistema de video-vigilancia puedan ser consideradas no sólo como un indicio, sino como prueba plena de delito.

Como ya se informó, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reportó el martes un avance del 95 por ciento en la instalación de las 350 videocámaras programadas para Torreón y anunció que en pocos días entrarán en funcionamiento, de manera simultánea con las habilitadas en Saltillo, además de que se refirió a la importancia de la iniciativa de reforma que para el mejor aprovechamiento de estos equipos se promoverá a partir de la próxima semana en el Congreso del Estado.

Al respecto, Zermeño Infante comentó de inicio que espera que haya coordinación en el uso y aprovechamiento de los 350 dispositivos que son financiados por el estado y los más de 100 que ha colocado el municipio distribuidos de manera estratégica en toda la ciudad.

Te recomendamos leer:

Estimó que a favor de que las imágenes que se obtengan mediante este sistema puedan ser consideradas como prueba plena de algún delito, el principal argumento a favor es en el sentido de que las mismas serán obtenidas por cámaras oficiales, así que “esto dependerá de la valoración de los jueces y de la modificación que se pueda hacer a los códigos penales y de procedimientos penales”.

Explicó actualmente las fotografías, videos o imágenes que se presentan ante un juez, el mismo puede valorar si les da la categoría de prueba plena o de un indicio, así que se le apuesta a que aquello que se graben a través de cámaras oficiales tengan mayor validez.

Ese podría ser, por ejemplo, el caso de imágenes que capten el momento de un secuestro, un asalto, un asesinato o cualquier otro delito, de manera que, a decir del alcalde, deben ser pruebas fundamentales en la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Torreón, Coahuila. - Luego de reiterar su buena disposición a favor de que puedan estar de alguna manera compaginadas para su mejor aprovechamiento las cámaras instaladas en la ciudad por los gobiernos municipal y estatal, el alcalde Jorge Zermeño Infante considera como acertada la modificación a la legislación en materia de seguridad que se promoverá con la finalidad de apostarle, entre otras cosas, a que las imágenes que se obtengan a través del llamado sistema de video-vigilancia puedan ser consideradas no sólo como un indicio, sino como prueba plena de delito.

Como ya se informó, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reportó el martes un avance del 95 por ciento en la instalación de las 350 videocámaras programadas para Torreón y anunció que en pocos días entrarán en funcionamiento, de manera simultánea con las habilitadas en Saltillo, además de que se refirió a la importancia de la iniciativa de reforma que para el mejor aprovechamiento de estos equipos se promoverá a partir de la próxima semana en el Congreso del Estado.

Al respecto, Zermeño Infante comentó de inicio que espera que haya coordinación en el uso y aprovechamiento de los 350 dispositivos que son financiados por el estado y los más de 100 que ha colocado el municipio distribuidos de manera estratégica en toda la ciudad.

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Explicó actualmente las fotografías, videos o imágenes que se presentan ante un juez, el mismo puede valorar si les da la categoría de prueba plena o de un indicio, así que se le apuesta a que aquello que se graben a través de cámaras oficiales tengan mayor validez.

Ese podría ser, por ejemplo, el caso de imágenes que capten el momento de un secuestro, un asalto, un asesinato o cualquier otro delito, de manera que, a decir del alcalde, deben ser pruebas fundamentales en la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

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