Torreón, Coahuila.- Presuntas irregularidades en la contratación de un total de 167 de las 222 obras públicas que se ejecutaron durante el año pasado bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torreón, aseguran haber encontrado los regidores por Morena, Ignacio Corona Rodríguez y María Elena Mireles Acosta, quienes anunciaron que ante tal situación demandará la inmediata intervención tanto de la Contraloría Municipal como de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En rueda de prensa, responsabilizaron de tal situación a quienes con sus firmas aprobaron para su validez los correspondientes contratos, como son el titular de la Dirección de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho y el tesorero municipal, Hernán Sirgo Ortiz, quien este martes hizo pública su renuncia al cargo, por lo que en contra de ellos se formalizará una denuncia de hechos.
Según lo explicaron, en los procesos de asignación de las 167 obras que se cuestionan y que se realizaron con una inversión global de 206 millones de pesos, no se cumplieron las exigencias establecidas por la Ley de Obras Públicas vigente en el Estado de Coahuila, donde con toda claridad se marcan los lineamientos que se deben atender para otorgar contratos, ya sea a partir de una licitación pública, por invitación o mediante una asignación directa.
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Corona Rodríguez aseguró que la conclusión relacionada con irregularidades en este caso se estableció a partir de información que está publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Torreón.
Sobre las irregularidades que sostiene haber constatado, hace notar que en el mismo portal, cuando se consulta la información correspondiente en lo individual a cada una de esas obras, en algunas no se encuentra el respaldo del contenido de la licitación correspondiente, y cuando se trata de asignaciones por invitación, no se muestran las convocatorias que deben extenderse a cuando menos tres contratistas, sino a uno solo. Incluso en aquellas que son por asignación directa, tampoco se demuestra haber cumplido con el procedimiento que marca la ley, agrega.
En detalle, se dijo que, de las 167 obras en cuestión, son ocho en las que se tendría que haber agotado todo un proceso de licitación, ya que en cada una el monto estimado de inversión superó los 5.5 millones de pesos, mientras que en las 159 restantes, simpe y sencillamente se omitieron los procedimientos legales, de ahí que se presuma que se pudo haber actuado con la intención de beneficiar de manera particular a determinadas empresas.
