En congruencia con la postura que ha asumido el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a nivel regional diversas organizaciones de la iniciativa privada han decidido demandar al gobierno federal que acceda a impulsar la construcción de una estrategia sólida que le permita al país salir delante de la crisis económica que ya comienza a dejarse sentir a consecuencia de la pandemia de Covid-19, donde la principal prioridad sea la protección del empleo.
Para ello se solicita, entre otras cosas, la creación de un fondo de contingencia para la protección del empleo, con cobertura salarial parcial para micro, pequeñas y medianas empresas.
También, se pide crear un consejo de protección del empleo y reactivación económica de La Laguna, esto con la participación de los sectores gubernamental, patronal y obrero a fin de promover y revisar acciones orientadas a proteger el ingreso familiar.
Los planteamientos al respecto se ha desglosado en un pliego petitorio que incluye un total de siete puntos, a favor de los cuales los empresarios de la región de antemano se ofrecen a colaborar desde su trinchera, siempre y cuando reciban para ello una serie de apoyos necesarios, fundamentales, según lo dio a conocer el presidente en La Laguna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Menéndez Cuéllar.
Refiere que se trata de demandas que surgen de la gran preocupación provocada ante el hecho de que el gobierno federal no da señales de un interés real por actuar ante la crisis, pues cuando se creía que se harían anuncios importantes al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió ofrecer una especie de informe trimestral de su gobierno.
El dirigente de Coparmex Laguna, dice que como parte del consenso al que han llegado las cámaras y organismos involucrados de la región, se comprometen a hacer todo lo que esté a su alcance para mantener los empleos que sus empresas generan y el sustento para las familias.
Además del relacionado con la necesidad de crear un fondo de contingencia, en otro de los siete planteamientos se pide una prórroga de al menos seis meses en el pago de las obligaciones fiscales federales, estatales y municipales que tienen las empresas, así como la ampliación de los montos de créditos, sus plazos de pago y criterios de otorgamiento para las organizaciones productivas menores.
También, se pide agilizar la licitación y contratación para la ejecución de proyectos de obras de infraestructura; liberar los pagos a los proveedores de los distintos órdenes de gobierno y establecer compromisos para la adquisición de bienes y servicios con empresas regionales.
