Saltillo, Coahuila.- En la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango no es necesaria la construcción de un complejo de seguridad C5, sino únicamente se requiere fortalecer sus capacidades tecnológicamente y eficientar el servicio de los C4 que hay en cada estado para atender la demanda de mayor seguridad en esta zona del país, aseguró Álvaro Vizcaíno Zamora.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), subrayó lo anterior, al mencionar que Coahuila cuenta con cuatro C4, los que hay que modernizar junto con los que existen en su estado vecino de Durango.
Mencionó que la gestión hecha ante la SHCP para recibir 600 millones de pesos para estos trabajos en ambas entidades, fue frenada por la entrega-recepción anticipada del próximo gobierno federal, por ello ya no se pudo obtener más recursos para el ejercicio fiscal del 2018.
“Ahora, le corresponde a cada estado ejercer recursos de los fondos de aportaciones para la seguridad pública en los próximos ejercicios fiscales, o bien propios, para estas tareas de fortalecimiento, pero se pueden necesitar inversiones adicionales para agilizar estos trabajos”, abundó.
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Asimismo, dio a conocer que en la mitad de municipios del país cuentan con menos de 10 policías o ninguno, 622 ciudades no los tienen, por ello no se pueden hacer cargo del servicio público de seguridad, que por ley les corresponde.
También, externó que del total de los elementos policiacos del país que han presentado sus exámenes de control y confianza, solo el siete por ciento de los mismos los han reprobado, cuando antes la cifra era del nueve.
“Pero hay entidades de México donde esta cifra se ha duplicado, pero ya sumado en lo general da el siete por ciento”, expresó Vizcaíno Zamora.
SEGURIDAD INTERIOR
La Ley de Seguridad Interior, no es una legislación que establezca condiciones, como se dice, de militarizar la seguridad pública en el país, sino más bien obliga a estados y municipios a fortalecer sus propias instituciones de seguridad, en tanto la Federación los apoya en tareas de vigilancia y prevención.
Recordó que desde hace 21 años, al amparo de una vieja tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública.
“La misma dice que las fuerzas armadas pueden participar en apoyo de las autoridades civiles en tareas de seguridad en un lugar específico y por un tiempo determinado, mismo que se ha prolongado indefinidamente”, agregó.
Afirmó que una Ley de Seguridad Interior, genera un marco de certeza en condiciones superiores a esa tesis de jurisprudencia.
