Gómez Palacio, Durango.- El hecho de prevenir y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, es responsabilidad de los adultos que tienen a cargo su guardia y custodia, tutela, o a quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado.
En el hogar les corresponde a los padres o tutores, y en el espacio escolar a los adultos que integran la comunidad educativa.
En este sentido, se llevará a cabo una jornada de capacitación dirigida a personas prestadoras de servicios institucionales, tales como: salud, educación, desarrollo social, procuraron de justicia, y a la comunidad en general.
Así lo informó Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación en la Región Laguna, y precisó que la jornada será impartida por Laura Elena Estrada Rodríguez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres Durango., y el reconocido Maestro Pablo Navarrete Rodríguez con formación académica en Posgrados en Derechos Humanos y Democracia.
Este evento, como ya se comentó, será vía virtual a través de la plataforma Zoom con el ID: 89252375850 y Código: 842182 para el ingreso el próximo lunes 23 de noviembre en horario de las 10:00 a.m. a las 14:00 horas.
Señaló Valdés Gutiérrez que se presentan una serie de procedimientos para aplicar en el espacio educativo para evitar, detener y disminuir el daño de conductas violentas, atendiendo, entre otros, a los principios de interés superior de la niñez, debida diligencia y pro persona para garantizar el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde la integridad personal, con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad escolar, que permitan la convivencia armónica, pacífica e inclusiva.
Finalizó externando que existe una clara obligación de prevenir la violencia, de prestar atención a cualquier signo de maltrato y actuar de manera diligente y expedita, en función de proteger y exigir el respeto de los derechos humanos de las personas menores de edad, de manera que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos y se construyan relaciones armoniosas e inclusivas que permitan vivir una cultura de paz.
La comunidad educativa tiene la responsabilidad de trabajar en la prevención de la violencia; sin embargo, cuando la prevención ya no sea efectiva y se conozcan situaciones en las que se violente a integrantes del estudiantado, se debe aplicar el protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual.
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