Nuevamente los ex trabajadores (60) de lo que fuera la Minera La Valenciana, se plantaron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para denunciar a ex funcionarios del organismo que en contubernio con el sindicato de la Zona Industrial de CTM dispusieron de predios y pozos sin cumplir con la justa liquidación.
El plantón sucedió ayer por la mañana y fue encabezada por su representante, Sergio Duarte Sonora y Elia Estrada Salazar, de la Central Campesina Cardenista, explicando ambos que, de acuerdo a la información obtenida del expediente 15/2009, se pudo determinar que muchos de los bienes adjudicados y embargados no fueron incluidos en el remate al ser enajenados al margen del juicio, lo que se constituye un delito penal.
Es por ello que acusan de manera directa a expresidentes de la JLCyA, quienes dijeron, tuvieron el juicio en sus manos, señalando de igual manera a actuales peritos que siguen trabajando y que se prestaron a esta irregularidad administrativa, acusando directamente al dirigente del Sindicato Zona Industrial, César García Sáenz de dicho desvío.
En el proceso legal, hubo 33 ex trabajadores que interpusieron una demanda ante la JLCYA solicitando su separaron del sindicato y exigiendo en ello su personalidad jurídica, la cual fue concedida en enero del 2018, generando un recurso de inconformidad del sindicato, quien apeló por ser los titulares de la personalidad jurídica, aunque se argumenta en la JLCyA, que toda nueva queja no puede prosperar mientras no se resuelva este incidente.
Por su parte Elia Estrada Salazar, abogada defensora de los 33 ex trabajadores, expuso que al tener la personalidad jurídica y tener acceso al expediente donde consta que el Sindicato dispuso de predios por una superficie de 18 hectáreas por los que recibieron en su venta 10 millones de pesos y a los 120 trabajadores únicamente se les repartieron 2.5 millones de pesos.
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Afirman que tienen documentos en los que la empresa dispuso de dos pozos de agua que eran de su propiedad, pero que estaban en el embargo y cuyos derechos fueron vendidos a la familia Tricio Cerro, según constancia de la Comisión Nacional del Agua en el Registro Público de Derechos, lo que constituye otra flagrante anomalía en perjuicio de los ex trabajadores.
NO SE DEBE POLITIZAR
Cuestionado al respecto, el presidente de la Junta Local Conciliación y Arbitraje, Vicente Reyes Solís, dijo que el posicionamiento de este tribunal es no politizar el caso y menos culpar a la Junta, a fin de que en todo caso acudan ante las instancias correspondientes, que bien podría ser el Ministerio Público.
Sostuvo que en este momento se tiene interpuesto un recurso por parte del Sindicato de la Zona Industrial para revocar el acuerdo que como JLCyA dictaron en la que reconocieron la personalidad a los 33 ex trabajadores que se quieren separar del gremio cetemista.
Dijo que por parte de ese organismo laboral se ha cumplido conforme a derecho y se han conducido en coadyuvancia con la exigencia de los ex trabajadores inconformes, como ha sido el poder encontrar un domicilio fiscal de la empresa para notificar y finalmente, tras muchas dificultades, se logró el objetivo, lo que abrió paso a establecer fecha de la audiencia y están por resolver este incidente.
