Gómez Palacio, Durango.- Más de 430 millones de pesos se estimó el monto inicial de presuntas irregularidades, como resultado del Proceso de Entrega-Recepción entre la pasada y actual administración municipal de Gómez Palacio, donde se detectaron actos que pueden constituir faltas graves en doce direcciones municipales.
En rueda de prensa se dieron a conocer los primeros resultados entregados por el despacho externo de auditores y la Contraloría Municipal al Ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez, hallazgos a los que se dará el seguimiento administrativo y jurídico que corresponde legalmente.
En el acto estuvieron presentes el síndico municipal y presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo, Omar Castañeda González así como por los titulares de Transparencia, Contraloría Municipal, Dirección Jurídica, Tesorería Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y Oficialía Mayor.
Mediante una presentación en pantalla, se explicó el desarrollo del Proceso de Entrega-Recepción, dentro del cual se elaboraron 39 actas que dieron origen a 20 comparecencias para aclaración de irregularidades de las cuales se precisó que en 13 direcciones se observaron actos que pueden constituir faltas graves, tres con faltas no graves mientras que solo cuatro dependencias lograron solventar las observaciones.
El monto de manejos irregulares confirmado hasta el momento es de 432 millones 225 mil 523.89 pesos, cifra que pudiera incrementarse conforme a los hallazgos resultantes de las auditorías profundas que se realicen en toda la administración en los periodos que permita la ley.
De los resultados obtenidos hasta ahora, se iniciarán de manera inmediata los procedimientos de investigación por parte de las autoridades competentes, que de confirmar las irregularidades determinarán la responsabilidad a los funcionarios que corresponda.
Entre los detalles revelados como resultado del Proceso de Entrega-Recepción, se informó que en los últimos dos meses de la anterior administración se pagaron 143 millones 686 mil 585.01 pesos por concepto de “Asesorías Legales” a la empresa Asesorías y Consultorías Jurídicas Raval S.A. de C.V., rebasando el presupuesto asignado para este rubro -3 millones 295 mil pesos- 43 veces.
De la operación de contratación de estos servicios se comprobó que no se tenía presupuesto autorizado ni existe documentación alguna que avale los servicios que se prestaron; no hay base cierta de cómo se determinaron los honorarios, no se realizó la licitación pública que exige la ley ni hay evidencia de la forma de contratación de la mencionada empresa.
Estos más de 143 millones de pesos se pagaron a Raval en solamente 58 días, del 28 de junio al 23 de agosto de 2019, en un total de 15 facturas con folios consecutivos casi todas, dato que luego fue eliminado en los últimos seis de éstos documentos.
En la Dirección de Egresos se detectaron pagos por Asistencia Social, sin el sustento legal correspondiente, por 146 millones de pesos, mediante la emisión y cambio de cheques semanales que se empezaron a expedir por la suma de 400 mil pesos y terminaron en 1.6 millones de pesos, los cuales eran endosados y cobrados por personal de la misma dependencia.
En un intento por justificar estos recursos se elaboraron de más de 45 mil recibos iguales por tres mil pesos cada uno, sin que haya documentos que acrediten fehacientemente quién recibió ese dinero, ni solicitud de apoyo, ni credenciales de elector de los supuestos beneficiarios.
Además, se detectó que en la pasada administración la Tesorería Municipal eliminó recargos y rezagos por 6 millones 791 mil 791.31 pesos mediante la manipulación del Sistema de Ingresos en claves catastrales seleccionadas de manera discrecional para no cobrar, base de datos que no fue entregada por la ex directora de Sistemas según consta en el acta circunstanciada de hechos de la Entrega-Recepción.
En esa misma dependencia, se dejaron de pagar retenciones al ISSSTE por 10 millones 300 mil 633.84 pesos, lo que implicó el incumplimiento de esta obligación; también se realizaron manejos contables presuntamente ilegales sobre cuentas públicas de ejercicios anteriores para desaparecer 7 millones 720 mil 555.74 pesos y se dispuso indebidamente de 24 millones de pesos del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Municipio.
De igual forma con la posible ayuda de la ex directora de Sistemas, en la Dirección de Catastro se detectaron, hasta ahora, 87 deméritos –disminuciones- a los valores catastrales por 4 millones 881 mil 055.01 pesos.
En la Oficialía Mayor se encontró un contrato por el cual se pagaron 6 millones 015 mil 412 pesos para la adquisición de 130 acciones consistentes en cuartos para baño que a la fecha presentan irregularidades en su funcionamiento por lo que se harán efectivas las fianzas pero además se procederá a revisar a fondo todos los contratos asignados por la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones.
Por lo que hace al Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), se detectó que el ex director autorizó el pago de un contrato de 950 mil 789 pesos a la Constructora e Inmobiliaria GRAFMS, S.A. de C.V., para el suministro, instalación y puesta en marcha de dos equipos de medición de gasto para fuentes de abastecimiento, que consta, no fueron instalados.
En ese mismo organismo descentralizado, se encontró que en tres años se asignaron 41 obras a la Constructora NARIM, S.A. de C.V., por un importe de 73 millones 692 mil 412.64 pesos, donde llama la atención que dicha empresa fue creada el 5 de diciembre de 2016 y tan solo 18 días después –el 23 de diciembre de ese año-, ya se le había asignado su primer contrato.
En este caso en particular, el monto de los contratos asignados a NARIM representa el 40.87 por ciento del total de la inversión realizada por el Sideapa que asciende a 180.3 millones de pesos así como el 33 por ciento de los 121 contratos asignados en la anterior administración.
En la Dirección de Servicios Públicos Municipales, derivado del incumplimiento en el suministro de 2,023 luminarias con tecnología LED y fotocelda integrada, abatible y multivoltaje, se canceló el contrato de compra-venta a la empresa Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., por 7 millones 877 mil 171.16 pesos, situación que motivó a interponer una denuncia penal.
Finalmente, se insistió en que el monto de las irregularidades observadas puede ser mayor, una vez que se conozcan los resultados de las auditorías que se lleven a cabo pero que de manera inmediata, sobre los hallazgos observados se procederá conforme lo establece la Ley de Entrega-Recepción del Estado.
