Los diputados locales aprobaron las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud mental de las personas privadas de la libertad dentro de los centros penitenciarios, impulsando la aplicación de programas para la atención de sus padecimientos y de esta manera lograr una verdadera reinserción social.
Las adecuaciones son resultado de la iniciativa que en su momento presentaron los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y del dictamen que elaboró la Comisión de Seguridad Púbica del Congreso del Estado.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos explicó que, dentro de las facultades de Dirección General de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, se establece la coordinación con la Secretaría de Salud del Estado con la finalidad de ejecutar esquemas y lineamientos en materia de salud mental en los centros penitenciarios de la entidad.
“Ello se alinea perfectamente con la finalidad principal de este este tipo de internamiento, es decir, con la llamada, anhelada y aún no alcanzada de forma real, reinserción social, que se ha perseguido en nuestro país, y que guarda retos de primer orden que sortear en los nuevos modelos de justicia impulsados a nivel nacional y local”, resaltó.
Mercado Gallegos precisó que con el apoyo del Congreso existirá la obligatoriedad de las autoridades penitenciarias de aplicar los tratamientos adecuados a las personas internas, reglamentando su trabajo, sus actividades culturales, sociales, deportivas y otras, garantizando que estos tratamientos y reglamentos estén libre de estereotipos de género.
Además, de establecer, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado o con instituciones privadas o sociales, esquemas y lineamientos en materia de salud mental que contemplen atención a padecimientos mentales, rehabilitación psiquiátrica, y atención al alcoholismo y personas que consuman habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas, de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
