Saltillo, Coahuila.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme mandó al Congreso del Estado la iniciativa de la Ley de Responsabilidad Patrimonial que busca garantizar el derecho ciudadano a recibir una indemnización económica, cuando una actividad administrativa irregular del Estado les cause un daño.
La misma se turnó a la Comisión de Gobernación y se pondrá a consideración del pleno del Poder Legislativo, en el período extraordinario del próximo lunes.
La iniciativa advierte que este derecho tiene como objetivo restaurar la integridad del patrimonio afectado mediante una compensación económica y asegurar el establecimiento de un vehículo procesal para obtener su cumplimiento, a través de la legislación y las vías ordinarias correspondientes.
En la exposición de motivos se explica que la responsabilidad patrimonial puede ser considerada como la vía de ejecución de reparación de violaciones de derechos humanos o como vía directa para la determinación de estas reparaciones.
Con esta nueva Ley se da cumplimiento a la reforma al Artículo 160 constitucional, en el que se incluye la obligación a las entidades federativas de contar con este ordenamiento legal. en aras de brindar una mayor protección a todas las personas en la entidad.
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El derecho a la reparación del daño derivado de la responsabilidad patrimonial por actividad administrativa irregular del Estado podría ser un factor para disuadir esa actuación anormal de las autoridades, porque les implicará un mayor costo.
En el documento que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís envió al Congreso del Estado, indica que es una respuesta a su compromiso de proteger los derechos y el patrimonio de todas las personas.
“Forma parte de los esfuerzos para consolidar a Coahuila como un Estado garante y protector de los derechos humanos, asegurando que la actuación de los servidores públicos de las dependencias que conforman la administración estatal, cumplan con las disposiciones en la materia”, indica el texto.
Con esta ley se establecen las bases, límites y procedimientos para que los particulares ejerzan el derecho a la indemnización por daños y perjuicios que se generen con motivo de la actividad administrativa pública irregular del Estado o de sus municipios.
