Saltillo, Coahuila.- “El hambre y la mala nutrición representan el principal riesgo de salud en el mundo, incluso por encima que el Sida, la malaria y tuberculosis juntos, por lo que en Coahuila se promueve que la alimentación se considere un derecho humano”.
Palabras del diputado Jaime Bueno Zertuche, quien propone una reforma al Artículo 7 de la Constitución local, para incluir la alimentación como derecho humano.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y en el momento en que se apruebe, Coahuila formaría parte de los 20 estados en los que ya se legisló sobre este tema.
“A través de esta armonización legal, Coahuila se une a las entidades federativas que, a través de acciones legislativas, buscan combatir la crisis alimentaria que afecta a miles de personas, garantizando el derecho básico a la alimentación”, indicó.
Se refirió a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde se advierte que en el 2017 había 815 millones de personas con problemas de mala nutrición.
“Estos datos significan que una de cada nueve personas en el mundo, no tiene los alimentos necesarios para estar sana y llevar una vida activa. Mientras que uno de cada siete niños tiene un peso inferior al normal”, abundó.
“Según la ONU, el hambre y la mala nutrición son el principal riesgo en materia de salud que existe actualmente a nivel mundial, incluso mayor que el Sida, la malaria y la tuberculosis juntos”, expuso.
Comentó que de acuerdo a la FAO (organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), al reducir el hambre se promueve un mayor crecimiento económico.
Las personas que tienen acceso a seguridad alimentaria son más productivas, se enferman con menos frecuencia y tienden a invertir más en el futuro.
Explicó que los ordenamientos internacionales sobre el tema advierten que la alimentación no se resume como el derecho a ser alimentado sino que, se trata del derecho a alimentarse en condiciones de dignidad.
“Únicamente cuando una persona no pueda, por razones ajenas a su voluntad, proveer a su propio sustento, el Estado tiene la obligación de proporcionarle alimentación o los medios necesarios para adquirirla”, precisó.