Torreón, Coahuila. - Agradezco al Colegio de Abogados de la Laguna, A.C. (CALAC) y a su Comisión de Honor y Justicia por la invitación. Saludo a las autoridades de la Ibero Torreón (UIA), Universidad de mis hermanos Jesuitas, al Señor Rector, a quien tuve el gusto de saludar hace unos minutos, a las autoridades políticas de esta región, a las personas que amablemente se han convocado en esta aula, y a las muchas más que nos acompañarán gracias a las redes sociales. Buenas tarde a todas, todos y todes.
Probablemente la mayoría de ustedes tengan formación en leyes y les advierto que no hablaré del concepto de justicia según Santo Tomás de Aquino, a quien como dominico tuve que estudiar arduamente, y ¡vaya de qué manera!, pues tuve maestros muy exigentes, como Fray Rafael Ávalos, agudo dominico, filósofo y teólogo muy sabio. Mi reflexión a ustedes será desde la lectura que puedo hacer como bautizado católico, sobre la realidad indignante, dolorosa y cruel que está ante mis ojos. Parecería entonces, que más que hablar de justicia, abordaré las situaciones de injusticias, desigualdades y violencias. La justicia de la que hablaré no es necesariamente la legal; si bien ésta pudiera ser la voluntad de dar a cada persona el derecho que le corresponde, es en sí misma una expresión habitual e imprecisa, que no sólo debiéramos vincular con la igualdad, sino con la libertad y la paz. Coincido además con quienes afirman que: “El limitado acceso a la justicia constituye, probablemente, una de las formas más odiosas de exclusión, que no podemos separar de la desigualdad y la pobreza”. (Jarquín, Edmundo, BID, Cuéllar, Roberto Director Ejecutivo, IIDH, presentación del libro, Acceso a la Justicia y Equidad. Estudio en siete países de América Latina, 2000. p12.).
Considerando que los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a todas las personas y que ningún gobierno tiene autoridad para negárnoslos; que son universales, indivisibles e interdependientes, es determinante que el respetar los derechos y libertades que tenemos por el mero hecho de existir, nos permita crear las condiciones indispensables para vivir en un entorno de justicia. Ello se conseguirá cuando no hagamos distinción alguna de identidad sexual, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica en el momento de actuar o implementar resoluciones o sentencias, y no me refiero al actuar de las y los abogados, sino de cada una de las personas que integran la sociedad y por el bien, desarrollo y progreso de todas las personas.
En enero de 2010, un grupo de organizaciones sociales y particulares convocaron a la realización del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que como dijo Julio Cortázar: “Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”, con la finalidad de impulsar la organización y la realización de un
trabajo colectivo de investigación, diagnóstico, denuncia y movilización social, que incluía talleres, seminarios y asambleas populares que posibilitaron la realización de audiencias, que pusieron a la vista de numerosos jueces de diversas nacionalidades, personalidades jurídicas, éticas e intelectuales, y frente a la opinión pública internacional, “la peligrosa fractura social que ha abierto la ausencia de todo tipo de canales políticos y jurídicos dentro de la vida nacional”. Este Tribunal de conciencia que sesionó por 3 años, incluyó 10 ejes temáticos y llevó por título: “Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los pueblos”. En la sentencia final, se señalaron varios sujetos responsables al verificar una situación generalizada de impunidad, entendida como la falta de una investigación efectiva y de aplicación de sanciones a los responsables de tanta violencia y dolor en el pueblo mexicano. También se observó una impunidad histórica, una falta de asunción de las responsabilidades políticas por parte de los distintos estamentos estatales, que dejó a las víctimas en una situación de falta de reconocimiento de sus derechos, huérfanas de posibilidades de reparación. En esa misma sentencia se estableció que México no tiene sólo un Gobierno corrupto, sino un Gobierno Criminal. Y eso lo vamos a seguir viviendo cuando asuman sus puestos las y los funcionarios que han sido elegidas y elegidos en las pasadas elecciones, pues existen pruebas más que evidentes en el país, de que son muchos los espacios tomados por los variados cárteles que se han multiplicado en el país, desde el tiempo del Presidente Felipe Calderón.
Al paso de los años, las víctimas se han ido acumulando y un ejemplo de la acción de las organizaciones sociales del país, es la visibilización de la falta de justicia para muchísimos casos. Si las autoridades correspondientes no cumplen con su deber, las víctimas tienen derecho a gritarlo por sus pueblos o por donde lo deseen y manifestar lo sucedido, no solamente para sacar la rabia generada, sino para que el resto de la Nación y los países interesados en México, tengan información de lo que sucede en las calles, en los rincones, en los valles, y en las montañas de nuestro rico país.
Por la memoria, la verdad y la justicia, y contra los discursos oficiales y las verdades históricas, aparecen antimonumentos en nuestro país que refieren a casos específicos que han sucedido y que entre ellos, se acuerpan unos a otros. Memoriales colocados en espacios de la vía pública, que deconstruyen la simulación creada por los gobiernos con la que pretenden presentarse como un país democrático, socialmente responsable, respetuoso de los derechos humanos, listo para recibir la inversión extranjera. Estos trabajos esculturales están siendo colocados tanto por víctimas (directas o indirectas), como por movimientos sociales, para construir una acción política colectiva, al margen de las autoridades, y que actúan como una memoria de historias que están pendientes y que no han podido acceder a la justicia en México. “Desde ahí deben ser considerados, desde su estatuto ético-político, como testimonio de acontecimientos históricos trágicos e impunes que, en el futuro, también formarán parte del testimonio de una particular manera de protesta, de resistencia estética-política en tiempos de infamia” (fundación Heinrich Böll). Los antimonumentos comparten el deseo de recordar que sus casos continúan a la espera de justicia ya que lo que buscan es: “Denunciar la inacción o poca empatía del Estado” y permanecerán instalados hasta que exista justicia en todos y cada uno de los casos.
Así el recorrido de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, masacres y evidentes casos en donde ha faltado voluntad política y justicia, quedan de manifiesto.
Mencionaré algunas instalaciones de la Ciudad de México, pero hay muchas más, y faltan muchas expresiones que aún permanecen en la impunidad. No sólo las enlisto, sino que me parece importante notar, que para cada uno de estos sucesos y los múltiples que suceden en nuestro país, debemos voltear a ver y acompañar lo ocurrido y organizarnos para exigir su justicia en cada uno de los casos. Una sociedad organizada es una sociedad más sana, más democrática, y más equitativa: (1) La masacre de 1968 en la plaza de Tlatelolco de la capital del país, tiene una placa en el Zócalo de la Ciudad de México con las frases: “2 de octubre no se olvida” y “Fue el ejército, fue el Estado”. // (2) El número 65 en rojo, con una cruz en medio, nos traslada a la explosión en la mina de Pasta de Conchos del 19 de febrero del 2006 en San Juan de Sabinas, Coahuila; en el antimonumento se lee: “A una voz, rescate ya”. (Sobre este caso, por cierto, el Estado mexicano tenía que responder ayer como día límite, a la Comisión Interamericana (CIDH) sobre las condiciones necesarias para poder iniciar un diálogo para una posible solución amistosa con las personas peticionarias, representantes de 59 trabajadores fallecidos en la explosión de la Mina entre las que se solicitaron: Reconocimiento de personas peticionarias y sus defensores; reunión con la CIDH las y los peticionarios y sus representantes, de ser posible en la mina; y medidas de no repetición). // (3) En cuanto a la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, tenemos un “ABC” de colores que nos recuerda a las 49 niñas y niños que murieron el 5 de junio del 2009 en el incendio de la guardería. // (4) “Migrar es un derecho humano” es la frase instalada junto al signo + 72, para recordar la aún impune masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas del 22 de agosto del 2010. // (5) La desaparición de David y Miguel, jóvenes secuestrados el 5 de enero del 2012 cuando viajaban hacia las playas de Zihuatanejo, Guerrero es recordada con una instalación que en forma de letra T azul, simula dos siluetas dividas a la mitad. “David y Miguel son sólo una muestra del dolor de miles de familias a quienes se les ha arrebatado un ser querido”, se alcanza a leer. // (6) El 26 de septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron secuestrados. El antimonumento en rojo del número 43 y un signo + se acompaña de la consigna: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. // (7) En femenino, la "antimonumenta" con símbolo de la lucha feminista, pintado del color violenta que algunos municipios parecen tener prohibido, y las consignas: “Ni una más” y “No más feminicidios”, fueron plasmadas para exigir justicia contra las víctimas de la violencia de género y feminicidios.
Estos no son los únicos casos pendientes ni antimonumentos, pues se les encuentra dispersos por el país. A diario hay represiones y violencias no esclarecidas. El 21 de febrero de 2020 el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, acompañados de la familia de Samir Flores Soberanes, instalaron en el Zócalo de la Ciudad de México un busto de Samir, llamándolo antimonumento, como protesta de su asesinato en Amilcingo, Morelos el 20 de febrero del 2019, y el nulo avance de las investigaciones para esclarecer el crimen, y exigir castigo a los responsables. Mencionando a Samir, cuyo caso es relativamente reciente, traigo a mención a Rosendo Radilla (cuyo aniversario fue hace unos días), también campesino y líder social, detenido en un retén militar cuando viajaba en un autobús el 25 de agosto de 1974, en Guerrero, caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001. Por una falta de respuesta efectiva del Estado mexicano al cumplimiento de las recomendaciones emitidas, la CIDH demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación al
derecho al reconocimiento de personalidad jurídica (Art.3), derecho a la vida (Art.4), derecho a la integridad personal (Art.5), derecho a la libertad personal (Art.7), derecho a las garantías judiciales (Art.8) y derecho a la protección judicial (Art.25) en conexión con la obligación de respetar los derechos (Art.1.1), todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunado a ello, representantes de las víctimas demandaron al Estado mexicano no sólo por los derechos consagrados en la Convención Americana sino también por violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Y al caso Radilla lo menciono sólo por situarnos en tiempo y espacio, junto al sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos, en donde tras décadas, prima sobre las familias el dolor y la angustia de la impunidad, además de las presiones y amenazas propios de cuando la justicia no llega.
Mientras que celebrábamos en Saltillo la tradicional fiesta del Santo Cristo de la Capilla, en la Ciudad de México, el Ministro Arturo Saldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal reconoció estar tratando de combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual al interior del Poder Judicial enfatizando que deben ser un instrumento para emparejar la cancha a quienes nunca han tenido acceso a la justicia: “Generar personas juzgadoras más sensibles, más cercanas, con criterios más modernos, para servir de mejor manera a la gente… De manera muy trascendente esta reforma nos permitirá seguir avanzando en una Defensoría Pública que inunde al país con abogados y abogadas del pueblo que defiendan a la gente más pobre, más humilde, más necesitada más olvidada y marginada de nuestra nación y de manera también destacada sentará las bases para seguir avanzando en la igualdad y la paridad de género y en el combate al acoso sexual y a la violencia de género que eran ya una cultura… Queremos una justicia con rostro humano, queremos una justicia que llegue a los más pobres a los marginados a los olvidados, queremos una justicia que sirva al pueblo de México y no a los intereses económicos y a los grupos de poder” (Rueda de Prensa, 6 de agosto, 2021). Él nos ha recordado que para cuestiones de justicia, no basta la aprobación de leyes, ni la aprobación de reglamentaciones secundarias, sino que se requiere de voluntad política y un tiempo razonable. A ello, yo agregaría la participación ciudadana, con la frase del: “Nunca más un México sin nosotros”, que venimos escuchando hace tiempo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) y que habla de la inclusión, de multiculturalidad, cosmovisión y justicia, que también puede decir un “nosotras”, o un “nosotres”. Y agregar todas las letras necesarias, no sólo a las leyes sino a las palabras, para que nadie quede fuera de los proyectos.
Uno de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición nos indica la necesidad de promover el diseño e implementación de estrategias, políticas y medidas para abordar graves violaciones de derechos humanos y violaciones serias al derecho internacional humanitario, así como para incorporar aspectos de la perspectiva de género en los procesos, y sugiere la intervención y la participación de las mujeres y las personas LGBT en la conceptualización, diseño y aplicación de estrategias y mecanismos nacionales de justicia transicional. Como lo define el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la justicia transicional (JT) es “un campo específico de actividades, mecanismos y procesos, por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un
fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala. La aplicación de la JT busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron, con miras a la consolidación de una democracia constitucional”.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron formalmente esta semana al Ejecutivo de México y a algunas otras instancias federales la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, y un Modelo de Reparación Extraordinaria, apelando a una situación insostenible en todo el país y ante la falta de voluntad política por parte de las autoridades. “México no puede continuar siendo un país de víctimas, sin acceso a la verdad, al Estado de derecho y sumido en una crisis de derechos humanos, de violencia e impunidad sin precedentes”, explicaron los peticionarios, con quienes coincido absolutamente, y quienes afirman que de crearse los mecanismos, “se contribuye a generar las condiciones para que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad en México obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, ya que “a partir de la comprensión de dichos fenómenos será posible sancionar a los máximos responsables”. Las organizaciones presentaron cifras y detalles de víctimas. Sólo por mencionar, apunto las conservadoras cifras oficiales de 85 mil personas desaparecidas del 2006 al 2021, a las 180 mil personas detenidas del 2006 al 2012, de las cuales en 80 mil no hubo órdenes de detención, además de que más de 100 mil reportaron tortura en el momento del arresto, y 50 mil fueron “presionadas” para dar otra versión de los hechos, que no sólo evidencia una política de fabricación de culpables, sino la creación de chivos expiatorios, como lo explica la teoría mimética de René Girard.
Otro ejemplo más de la catástrofe en que se encuentras nuestro país, es la que presentó ayer el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Conformado por 74 colectivos de 22 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica) en su informe: “La Crisis Forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”. Estas cifras oficiales -de nuevo conservadoras- son el piso mínimo que se puede mencionar, y aunque los organismos consideran que el número real es mucho mayor, aún así refleja las dimensiones de la profunda crisis forense en materia de identificación humana que vive nuestro país, y que hace necesaria la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (propuesta del mismo movimiento nacional, entre otras como la independencia de los servicios forenses del MP, protocolos y archivos de identificación con perfiles genéticos para toda persona fallecida sin identificar, y que no sea inhumada o enviada a universidades una persona no identificada), para que se pueda superar esta problemática. La mayoría de estos cuerpos están en fosas comunes de cementerios públicos (con registros deficientes y alta probabilidad de extravío), y en ocasiones, las autoridades no dan a conocer a dónde han sido enviados. Una de las causas de esta profunda crisis es el aumento de la violencia en los últimos 15 años, considerando las desapariciones forzadas, los homicidios y el ocultamiento de personas fallecidas, en fosas clandestinas.
Desafortunadamente vivimos en México y en el mundo momentos sumamente delicados y aún los podríamos calificar, con toda razón, en forma más severa, como
situaciones muy graves, ya que estamos sometidas, sometidos, sometides por un modelo económico, cuyo epicentro no es la dignidad de la persona humana, sino el dios dinero al que se le sacrifican miles de millones de seres humanos. El hambre, la trata de personas y la explotación laboral desmedida, entre otras maneras de acumular dinero, a costa de la destrucción de la vida humana y la devastación de la naturaleza, con todas las formas de vida que nuestro planeta sustenta en las innumerables especies que lo habitan, son las víctimas de los intereses egoístas que prevalecen. La ambición y acumulación de riqueza a través del negocio de las armas y de los estupefacientes, en estos momentos de la historia de la humanidad, son otro de los flagelos con los que se destruyen otras tantas de miles de vidas humanas, se altera la paz y con ello la convivencia social. El Papa Francisco define esta situación como una verdadera Guerra Mundial dividida en fracciones diseminadas en distintas regiones del globo.
Al invitarme a realizar esta Conferencia, me pidieron que versara en torno al tema de los Derechos Humanos. Mi primer contacto con esta temática fue inducido por los padres dominicos que atendían el Centro Universitario Cultural (CUC), al lado del Campus de Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursaba la carrera de Ingeniería Química. Dicho Centro fue expresamente fundado por los Frailes Dominicos, para atender a los universitarios que frecuentábamos las distintas Escuelas y Facultades de la UNAM. No tardé mucho en darme cuenta que el interés de quienes estaban al frente del CUC era darnos una preparación humana para no salir como profesionistas con los ojos vendados ante la realidad que vivía México en ese momento.
Concretamente en el caso de mi profesión, yo me integraría a trabajar dentro de la industria de la transformación, pero comprendí que no podía dedicarme a ganar un salario y salir a vivir como un pequeñito burgués, con un nivel de vida más alto que el de mis compañeros de trabajo, como era el caso de los obreros. La mayoría de ellos eran emigrados del campo donde eran campesinos, abandonados por nuestros gobiernos, mismos que decidieron -sin previsión alguna-, pasar de ser del país agrícola que eminentemente éramos, a ser uno industrializado, para sostener la economía, abandonando así la sabiduría indígena y al campesinado que manejaban la tierra y que la han sostenido de manera ancestral.
A esas familias de campesinos, abandonadas a su suerte, no les quedó otro recurso que emigrar a las ciudades en las que había centros industriales para encontrar trabajo. Ahí formaron cinturones de miseria en torno a dichas manchas urbanas, y fueron sometidas a salarios muy bajos, sin defensa sindical alguna, sobreviviendo a ambientes agresivos y añadiendo el cambio cultural que cada integrante de la familia, tuvo que vivir. Los sindicatos al servicio del patrón, presididos por los célebres caciques sindicales que han vivido -hasta la fecha- medrando de las cuotas sindicales de los obreros, siguen sin proteger a nuestra clase obrera. Esta situación su sumó a la inmoralidad de la instalación de industrias extranjeras que empezaron a operar de forma fraudulenta en el país. Con capital extranjero compraron falsos inversionistas mexicanos para que pasaran como dueños, mintiendo sobre el 51% de capital mexicano necesario para producir en México. Ello, relacionado a la deshonesta manifestación de ganancias ante el fisco mexicano, con lo cual defraudaban a la
Nación y por si fuera poco, venían a realizar un verdadero saqueo de los recursos no renovables de nuestro subsuelo.
Aunque pareciera que hablara de lo que sucede en nuestro país en estos días, me refiero a lo que conocí en cuestiones de justicia y Derechos Humanos en el CUC junto a los frailes dominicos. Esto fue lo que vi con mis ojos, palpé con mis manos, y experimenté en el corazón: La riqueza acumulada y la pobreza extendida por el mundo como un problema estructural, ya lo conocía cuando entré a la Orden de Predicadores. Una vez fraile y con los 33 años en que he trabajado como Obispo en Guerrero, Chiapas y Coahuila veo que las condiciones no sólo son las mismas, sino que se agudizan con la situación de violencia y lo que debemos hacer con las causas que las generan, es removerlas, no sólo modificarlas, repito: removerlas.
Cuando hablo de causas estructurales, me estoy refiriendo a modificaciones expresas que se realizan en los países con estructuras de por sí débiles, para modificar legislaciones que los poderosos del mundo necesitan para poder saquear recursos sin grandes obstáculos legales, que se los impidan. Un ejemplo lo hemos vivido en México con las reformas estructurales que se realizaron a la Constitución Mexicana de 1917 en la Ley Agraria, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Minera, en la ley que custodiaba los recursos energéticos para el desarrollo de México, por hablar de algunas. Estas reformas estructurales borraron todos los derechos sociales que la Asamblea Constituyente de Querétaro consagró en nuestra Constitución después del derramamiento de sangre que costó la Revolución Mexicana. Estas reformas estructurales fueron realizadas para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Otro ejemplo lo tenemos cuando el Presidente Zedillo junto con legisladores de la Nación le endosaron al pueblo de México la Deuda Interna más grande de su historia, pasando a la cuenta pública, la deuda de los Banqueros por el dinero que les prestó la Nación, para rescatar los Bancos de México que el anterior Presidente Salinas les entregó cuando realizó la privatización de la banca y los banqueros los mandaron a la quiebra. Igual de indignante que lo anterior fue que, recién liberada la deuda a los Bancos, fueron a subastarlos a las Bancas extranjeras. Como pueblo mexicano, seguimos pagando -como tontos- con retraso y pobreza para la población, una deuda que en el momento en el que la asumimos, nos tomaría 50 años liquidarla.
En estos dos casos, los cambios fundamentales que se le hicieron a nuestra Constitución y el endoso de una deuda costosísima, ambos conducidos por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, nos muestran cómo las estructuras políticas de México puestas para garantizar la justicia y todos sus derechos al pueblo, se convirtieron en medios de despojo de justicia y derechos de todo un pueblo que prolongan por casi 30 años, mismos que durarán por mucho tiempo más, pues el despojo de los derechos sociales en la constitución aumentó muy gravemente la inseguridad para los mexicanos y el monto total de la deuda adquirida por la cuenta pública que en ese tiempo fue de $552,300 millones de pesos en aquel momento en que nos lo endosaron, para pagarla en 50 años. Hoy la deuda ha subido a
$890,356 millones de pesos mexicanos debido a la debilidad de nuestra economía, a pesar de estar pagando $40,000 millones al año.
Aquí en el área de la Laguna, en el estado de Durango, tenemos tenemos el caso de la planta que produciría casi 70,000 toneladas de Cianuro de Sodio, con riesgos para la población. Esta planta no pudo instalarse en el Estado de Guanajuato gracias a la acción de ambientalistas que lo impidieron. Así es como llegó al municipio de Gómez Palacio, en medio del ejido El Siete, ocultando en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) la existencia no solamente de este ejido, sino de otros 14 ó 15 ejidos, afirmando que, de producirse alguna explosión durante el proceso, se podría formar una nube tóxica, pero que la cordillera del Sarnoso protegería a los habitantes de las ciudades de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio. Ni el municipio, ni el Estado de Durango, ni la Semarnat, han detenido la instalación. El Frente de La Laguna, una Red de defensores del Medio Ambiente, y las propias campesinas y campesinos son quienes han logrado parar temporalmente la instalación de la fábrica con sun presencia, un amparo y la demostración inmoral del MIA.
Otro tanto podemos decir de la instalación de un depósito de Residuos Tóxicos en medio de otros ejidos. En Noria de la Sabina, en Coahuila, pese a que se descubrieron los engaños y falsedad de documentaciones, se terminó de construir, recibe residuos, hay generación de gases malolientes y agresivos a la vista, y tiene frecuentes explosiones e incendios. El empresario que lo instaló mintió a los ejidatarios con la promesa de darles trabajo en “una maquiladora de ropa que deseaba instalar ahí”; llevó despensa a las familias de campesinos y juguetes a las niñas y niños. También la lucha de los campesinos ha rendido su efecto, y aunque debiera estar temporalmente detenido por las resoluciones de un tribunal federal, tanto el municipio de General Cepeda, como el estado Coahuila y la Semarnat, sólo se han mostrado cómplices de este atropello, donde existe mentira y complicidad de funcionarios por años. Al empresario se le facilita su actividad por el derecho que tiene para la libre empresa, pasando por encima de la cabeza de los campesinos.
El Papa Francisco en la Carta Encíclica “Fratelli tutti”, publicada el 3 de octubre de 2020, nos invita a trabajar por una fraternidad universal y una amistad social, que garanticen el goce de todos los Derechos Humanos a cada habitante del Planeta, lo que significa que no exista ninguna persona pobre en la faz de la tierra. Nos convoca también a organizarnos como comunidad internacional de una nueva manera, para lo que él propone algunas pautas, animándonos a actuar con una nueva mentalidad y garantizar que se vivan los valores sólidos que garantizan una convivencia profunda entre los habitantes del orbe. Precisamente ante lo que hemos dicho de unas estructuras políticas y económicas que producen las violaciones sistemáticas y multiplicadas exponencialmente de los derechos humanos más fundamentales, esta Carta Encíclica afirma que se requiere que «en la sociedad germine el deseo y la búsqueda del bien de las y los demás y de toda la humanidad, lo que implica una maduración en las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que lleven a un desarrollo humano integral» (Papa Francisco, Cat. Enc. “Fratelli tutti” n.112), y observa que «ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco» (Papa Francisco, Cat. Enc. “Fratelli tutti” n.113).
«El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral» (Papa Francisco, Cat. Enc. “Fratelli tutti” n. n. 118)
No sólo se debe asumir que las víctimas se asuman como buscadoras, denunciantes y defensoras, es decir, como personas sujetas de su propia historia y de la colectiva, sino que se debe permitir que toda persona activista y defensora de derechos humanos en México, tenga derecho a defender derechos y no vivir en la angustia de sufrir algún ataque del Estado. Por distintas motivaciones, todas estas personas están trabajando por la progresividad de derechos en nuestro país, en diferentes campos, temas y territorios. Se les requiere a todas y a cada una para recuperar la memoria, la verdad y la justicia que necesitamos. El referente universal para cumplir con la justicia es el de la inalienable dignidad que en su ser posee la persona humana, y como lo dijo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, aunque se ignore y se niegue, “El clamor por obtener justicia, no desaparece” (Michelle Bachelet, debate del Consejo de Seguridad sobre la justicia transicional, febrero del 2020).
