Saltillo, Coahuila. - El alcalde de Parras, Evaristo Madero Marcos, junto con su Cabildo, se volvieron al burlar de la 61 Legislatura de Coahuila, al enajenaron, sin el consentimiento del Congreso del, un edificio propiedad municipal localizado en las calles Reforma y Bravo, de dicha ciudad.
En esta propiedad se encontraba la clínica para los trabajadores del Ayuntamiento, así como otras áreas municipales, la cual utilizó para cubrir una deuda superior a un millón de pesos con la CFE, pago que hizo el edil en efectivo.
La diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del PRD, explicó que el regidor, Armando Marcos Ramones, primo hermano del alcalde y ex presidente de la Canaco de Parras, declaró que el Congreso del Estado estaba enterado de la venta y por eso procedieron a la misma.
La legisladora subrayó que “esta persona miente porque en el Congreso no se recibió oficio alguno para solicitar el visto bueno del pleno, o al menos en mi caso, para desincorporar esta propiedad. Lo único que se de esta venta es a través de las declaraciones hechas por el regidor sobre el tema”.
Tampoco esta información está en la plataforma, porque se checó la página de internet y en la misma la última acta de Cabildo que está subida, es la número 27 de fecha 7 de septiembre de 2018”.
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De acuerdo con el Artículo 305 del Código Financiero Municipal los bienes municipales sólo podrán ser enajenados mediante acuerdo de Cabildo, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado.
“La venta del bien inmueble anunciada por el regidor es a todas luces ilegal, pues no ha sido desincorporada mediante decreto emitido por este Poder Legislativo”.
“El asunto se vuelve delicado porque no es la primera vez que el alcalde y su camarilla en el Ayuntamiento violan de manera sistemática la ley, incurren en abusos de autoridad y actos de corrupción.
Pareciera que, para Evaristo Madero Marcos, la Constitución, la ley y de paso este Poder Legislativo no existen”, abundó.
Afirmó que el presidente municipal y el Cabildo parrense deben explicar el fundamento legal de la venta sin autorización del Congreso, y al mismo tiempo se debe denunciar el hecho a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción para que determine si hay responsabilidad penal.
“Debemos evitar que los alcaldes, sean del partido que sean, se conviertan en caciques corruptos que utilizan el poder a su antojo y sin límites”, indicó.
“Al alcalde ya lo castigó el pueblo, por eso perdió la elección, pero con eso y todo, sigue violando la ley y mancillando el servicio público que le fue conferido. Esto no puede ser tolerado por este Congreso”, concluyó.
