/ viernes 22 de noviembre de 2019

Desestima juez acusaciones contra viudas y Sindicato Minero

Interpuesta por Cristina Auerbach, Defensora de Derechos Humanos

Sabinas, Coahuila.- Un juez penal de Control en Sabinas determinó la no vinculación a proceso en contra de algunas de las viudas de Pasta de Conchos, del delegado del Sindicato Minero Nacional y del ingeniero Fernando Acosta, director del primer rescate en la Mina Pasta de Conchos, informa Javier Martínez, delegado del Sindicato Minero Nacional, a las denuncias de la activista Cristina Auerbach.

Fue a mediados de 2018 en que la activista y defensora de Derechos Humanos señaló ser objeto de calumnias de algunas de las viudas de Pasta de Conchos, así como discriminación en relación a su participación en esta lucha social de la Región Carbonífera.

El delegado del Sindicato Minero, Javier Martínez, se manifestó satisfecho que el nuevo sistema de justicia les permita defenderse y que las pruebas que se presenten en su contra deben tener soporte.

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A mediados de este año el Ministerio Público del fuero común estableció restricciones para un grupo de viudas, del delegado del Sindicato Minero en esa región, así como del Ingeniero Fernando Acosta, defensor del rescate y después de judicializarse y posponerse en varias ocasiones, un juez determinó la no vinculación a proceso.

El origen de estas diferencias que llegaron a denunciar a este grupo de activistas y viudas de Pasta de Conchos, fue señalar que la organización de viudas que dirige Cristina Auerbach, recibía dinero del Grupo México para denostar a Napoleón Gómez Urrutia su Sindicato Minero Nacional.

Incluso circuló en medios de la Región Carbonífera una copia de un cheque emitido supuestamente por Grupo México a favor de la activista de Derechos Humanos, lo que después Auerbach desmintió y aseguró que era una maniobra orquestada por Napoleón Gómez Urrutia y difundido por las viudas cercanas a él.

Sin embargo, un juez penal desestimó las pruebas y cerró la denuncia e investigación, con lo que queda sin efecto las restricciones que el Ministerio Público puso a los denunciados para no acercarse a la activista de una de las organizaciones de Derechos Humanos y ligada a la Iglesia Católica y la Diócesis de Saltillo.

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