La diputada Sandra Amaya Rosales presentó la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, para imponer una pena de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización a quien difunda imágenes, vídeos, audios o documentos relacionados con acontecimientos trágicos.
“Es reprobable la poca ética de algunos servidores públicos que tienen primer contacto con el cuerpo del delito y lo fotografían, graban o toman vídeo para luego difundirlos, así como la de algunas páginas de redes sociales, y parte de la sociedad que comparte dicho contenido”, resaltó Amaya Rosales.
Comentó que estas acciones sin duda, desembocan en una lesión a la dignidad tanto de la víctima como de sus familiares, así como a su derecho a la intimidad, al honor y a la imagen propia, derechos que se encuentran en distintos documentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Esto para combatir que se siga mostrando la violencia hacia la mujer, que es un continuo social que no solamente se reduce al crimen de mujeres o la violencia física, sino que está también perpetrada por toda una serie de valores, normas y prácticas sociales que se construyen en lo cotidiano y que forman parte de la cultura dominante de nuestra sociedad”, señaló al realizar la ampliación de motivos.
Al respecto, comentó que los argumentos en favor de este tipo de prácticas, radican en el derecho a la libertad de expresión y a la información, sin embargo, no hay que perder de vista que, en cuestión de derechos humanos, siempre que exista un conflicto de intereses es necesario realizar una ponderación de los mismos.
“Resulta importante recalcar que para quienes como parte de su trabajo informan a la ciudadanía, no es completamente indispensable tener que exhibir los cuerpos de las víctimas lesionados, mutilados, ni de cadáveres desnudos, golpeados por la tragedia y privados del derecho a la intimidad”, expresó.
Finalmente, comentó que no es posible restituir el daño que se causa con la privación de la vida, sin embargo, en memoria de las mujeres que han sido víctimas del delito de feminicidio, por lo que presentó la iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
