Saltillo, Coahuila.- De manera simultánea en Saltillo, Torreón, la Ciudad de México y otras entidades del País, miembros del colectivo las familias que integran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM) se manifestaron en contra de los nuevos procedimientos que estableció el Centro Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel Federal, para entregarles los apoyos económicos de manera mensual, ya que ahora les piden comprobar gastos y entregar factura del dinero que reciben, siendo que ese recurso lo utilizan las familias para buscar a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.
El recurso que se le entrega a las familias de personas desaparecidas por parte de la CEAV Federal es de 4 mil 600 pesos, dinero con el que solventan gastos para continuar con la búsqueda de sus seres queridos, como la impresión de fotos para la divulgación del hecho, trasladarse a puntos en donde se encuentran fosas clandestinas, alimentos, entre otros.
Sin embargo, recientemente la CEAV Federal determinó que habría nuevos lineamientos para acceder a este recurso, que por ley es un derecho, solicitándoles comprobantes fiscales y, puesto que el recurso en teoría lo dan para solventar gastos alimenticios, que las compras de alimentos se realicen en tiendas Diconsa o Liconsa.
Para este colectivo de búsqueda, al cual no tomaron en cuenta para realizar estos procedimientos, que desde principios de año se dieron a conocer, no les parece justo el cambio para poder acceder a este recurso.
“Cuando el Estado Mexicano se responsabilice verdaderamente de la búsqueda e investigación y nos traiga de regreso a quienes han desaparecido y brinde protección y seguridad ante la violencia sistemática en nuestro país, ya no necesitaremos más estos apoyos que por ley, son un derecho”, comentaron en por medio de un comunicado.
Pidieron que se respete el acuerdo de comprobación de gastos que manejaban los directivos de la CEAV, ya que es un escrito en donde se compraban los gastos, bajo criterio de buena fe”
Finalizaron dando a conocer que no están en calidad de víctimas por decisión propia, sino porque el Gobierno no brindó protección ni seguridad a sus ciudadanos víctimas directas de la desaparición.
