Luego de que el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, promovió una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para tratar de responsabilizar al diputado local Marcelo Torres Cofiño de presunto uso ilegal de recursos públicos del Municipio de Torreón, el presidente del PAN en la entidad, Jesús de León Tello salió públicamente a la defensa del legislador, y además aprovechó para señalar que el partido que respalda tal acusación en realidad no tiene ninguna base ni futuro en Coahuila
“Morena aquí en Coahuila no tiene ni cabeza ni dirigente y menos futuro, ahora atacan a uno de nuestros diputados quien es funcionario público y que en su momento fue presidente del Congreso, teniendo todo el derecho y obligación de supervisar los apoyos que entregaron los municipios” declaró De León Tello.
Explicó que hasta ahora no se ha notificado de ninguna manera una acción legal por parte de Morena, por lo que esperan el debido proceso para presentar la contraparte.
“Ojalá los diputados de Morena trabajaran la mitad de lo que hace diariamente la bancada del PAN en Coahuila, supervisando y realizando la correcta aplicación de los recursos públicos, lo cual es una obligación de acuerdo a la propia constitución de Coahuila” expresó.
Finalmente el dirigente panista refirió que “Marcelo Torres no promovió el voto, trabajó en su momento por los ciudadanos sin distinción de partidos y desde el PAN continuaremos apoyando y respaldando su gran labor al servicio de los coahuilenses”.
Por su parte, a través de un comunicado, la dirigencia nacional de Morena estableció que la queja se promovió debido a que con el fin de hacer una promoción personalizada de su imagen, Torres Cofiño habría hecho uso de los apoyos del Programa Alimentario, camionetas y personal que forman parte de la estructura del Gobierno Municipal de Torreón.
Se menciona incluso en el documento, que lo anterior constituye una clara violación al principio de imparcialidad consagrado en el artículo 134 constitucional, una infracción prevista en el artículo 19 de la CPEUM y en diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Delitos Electorales y el Código Electoral para el Estado de Coahuila, que prohíben y sancionan, con hasta nueve años de prisión, el uso indebido de programas sociales y de recursos públicos humanos, materiales o financieros para influir en la equidad de una contienda electoral.
