Saltillo, Coahuila.- Una de las alternativas que tienen los regidores que fueron destituidos de su cargo por el alcalde de Parras Coahuila, Ramiro Pérez, es recurrir a un juicio de protección de derechos políticos, comentó el Presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos, que, agregó, que es tema que les preocupa, ya que el alcalde no tiene las facultades para la destitución de cargos políticos.
Fue el pasado lunes cuando Ramiro Pérez, alcalde de Parras, Coahuila, decidió destituir a 10 integrantes del cabildo municipal presuntamente por faltas graves, lo que ha desatado una crisis institucional al interior de su administración.
Al respecto Eduardo Olmos dio a conocer que no existen antecedes ni fundamentos para llevar a cabo esta acción, que, en su caso, correspondería al Congreso del Estado.
Detalló que la información con la que cuenta el Congreso es que existen dos documentos, uno en el mes de noviembre por parte del alcalde de Parras en contra de los regidores y el otro del mes de diciembre en contra del alcalde por parte de estos regidores.
Ambos documentos se encuentran en la Comisión de Gobernación, que tiene hasta marzo para poder definir y sacar un dictamen en torno a lo que ocurre en dicha comunidad.
“Con todo y el respeto que este congreso le tenemos a los ayuntamientos y a su autonomía, evidentemente el funcionamiento de cada uno de los órdenes de gobierno está enmarcado en la ley; y en el caso de un cabildo son representantes populares, son miembros de una planilla que fueron electos, no son empleados del ayuntamiento”, señaló.
Por lo tanto, cuando se habla de suspensión de mandato y en la destitución de poderes, no corresponden al Ayuntamiento. Estos temas se discuten en el Congreso y en la Comisión de Gobernación, que después de un análisis, emiten un dictamen.
Además, el presidente de la Junta de Gobierno dio a conocer que el congreso tendrá que trabajar con los documentos que cuenta, y, en caso de que se defina que se presentó una usurpación de funciones o la procedencia de una revocación de mandato, tendrá que ver con un proceso que emane de dos instancias: la Comisión de Gobernación y de, si se amerita, la de un Juicio Político.
“no va a ser la premura de las circunstancias las que aceleren el trabajo, los que tenemos que votar en un proceso de este tipo, tendríamos que ser muy prudentes en no adelantar un juicio en este momento en contra del alcalde o de los regidores”, agregó.
