/ jueves 27 de septiembre de 2018

Bancada de Morena busca poner fin a la compra y venta de facturas falsas

Alfonso Cuéllar dice que esto causa un quebranto al sector público

La bancada de Morena, que controla el Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para combatir la compra y venta de facturas falsas en México, ya que el principal comprador son los gobiernos municipales, estatales y federal.

“Entre 50% y 70% de la facturación falsa tiene como clientes a los servidores públicos”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, quien respalda los cambios legales para considerar a esa venta de documentos como delito grave.

Anualmente, la venta de facturas falsas provoca un quebranto por evasión fiscal al sector público por cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una pérdida de unos dos billones de pesos, manifestó el legislador.

"Usaron facturas falsas para comprobar gastos, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que está preso, así como el exmandatario de Chihuahua, César Duarte, que está prófugo; eso pasó en la Estafa Maestra y algunos órganos legislativos", manifestó el político de Morena.

El boom de las facturas falsas y empresas fantasmas se dio durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, dijo Cuéllar, el líder del movimiento de deudores de la banca conocido como Barzón.

El castigo

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, pidió tipificar la venta y compra de facturas falsas como delito grave, por lo que se plasma en un anteproyecto de ley para que se considere como delincuencia organizada.

La iniciativa de Morena fue respaldada por Diana Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), quien pidió meter orden en ese delito por el impacto provocado a las finanzas públicas.

La propuesta busca incrementar la penalidad de dos años a 10 años, así como pase a la modalidad de delincuencia organizada para que haya una prisión preventiva, agregó la procuradora.

Ricardo Cervantes Vargas, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). dijo que "gran parte del sector público de estados y municipios usa la factura falsa para la contratación del servicio de personal y de otros servicios inexistentes".

La bancada de Morena, que controla el Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para combatir la compra y venta de facturas falsas en México, ya que el principal comprador son los gobiernos municipales, estatales y federal.

“Entre 50% y 70% de la facturación falsa tiene como clientes a los servidores públicos”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, quien respalda los cambios legales para considerar a esa venta de documentos como delito grave.

Anualmente, la venta de facturas falsas provoca un quebranto por evasión fiscal al sector público por cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una pérdida de unos dos billones de pesos, manifestó el legislador.

"Usaron facturas falsas para comprobar gastos, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que está preso, así como el exmandatario de Chihuahua, César Duarte, que está prófugo; eso pasó en la Estafa Maestra y algunos órganos legislativos", manifestó el político de Morena.

El boom de las facturas falsas y empresas fantasmas se dio durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, dijo Cuéllar, el líder del movimiento de deudores de la banca conocido como Barzón.

El castigo

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, pidió tipificar la venta y compra de facturas falsas como delito grave, por lo que se plasma en un anteproyecto de ley para que se considere como delincuencia organizada.

La iniciativa de Morena fue respaldada por Diana Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), quien pidió meter orden en ese delito por el impacto provocado a las finanzas públicas.

La propuesta busca incrementar la penalidad de dos años a 10 años, así como pase a la modalidad de delincuencia organizada para que haya una prisión preventiva, agregó la procuradora.

Ricardo Cervantes Vargas, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). dijo que "gran parte del sector público de estados y municipios usa la factura falsa para la contratación del servicio de personal y de otros servicios inexistentes".

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