Fuera de Agenda
El año comenzó con un vaivén de acontecimientos en todo el país que presagian convulsiones en distintos frentes de la seguridad nacional.
En los primeros minutos del 1 de enero hubo un ataque coordinado en distintos puntos de la ciudad de Culiacán que casi no trascendió a nivel nacional. Aprovechando esa “tradición” de lanzar tiros al aire para festejar la llegada del año nuevo, un comando a bordo de varios vehículos se desplazó por distintos puntos de la capital sinaloense para tirotear y sacar de circulación las cámara de videovigilancia colocadas sobre avenidas, glorietas y calles más transitadas.
Fue el tercer ataque contra el sistema de videovigilancia conocido como C-4, en los tres años que lleva la gubernatura de Quirino Ordaz Coppel. Los tiroteos se han registrado desde que el monitoreo está controlado por elementos del ejército. Fuentes federales atribuyeron la autoría intelectual a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que varias de esas cámaras registraran el movimiento de los pistoleros que participaron en el llamado “jueves negro” el 17 de octubre pasado, cuando se abortó la captura de Ovidio Guzmán López.
Dejar la capital sinaloense “a ciegas” fue un mensaje del grupo hegemónico en el tráfico de drogas en el país de que seguirá dando mucho de qué hablar. No solo por los entretelones de la narcopolítica que podrian develarse en la Corte de Brooklyn de llegar a efectuarse el juicio contra el ex secretario de seguridad federal (2006-2012) Genaro García Luna, sino por el poder real que representa en distintas zonas del país donde sus socios buscan retomar el control como en Jalisco.
La sacudida que vive el Bajío con la cacería de policías desatada por el crimen en Guanajuato, la presión social de grupos civiles armados contra bandas criminales en la Tierra Caliente de Michoacán, y las masacres detrás de cada fosa que se han encontrado en diferentes zonas de Jalisco y Colima, obliga a insitir en la pregunta de cuándo se conocerá –más allá de la demagogía—la política de seguridad del gobierno federal.
La improvización detrás de colocar un brazalete de Guardia Nacional a los elementos de unidades de infantería y Policía Militar, no tiene nada que ver con una política de seguridad. Con la desaparición de la Policia Federal, y la toma de control de sus funciones por parte de la Guardia Nacional, se generó un vacío que presagia tormentas como las que se viven en Guanajuato y Nuevo Laredo. Son los grupos criminales con absoluta libertad de movimiento, generando pánico y terror entre la población, los que seguirán marcando la agenda de seguridad a falta de una política para hacerles frente.
Porque ni la policía municipal, ni la policía estatal, como en Guanajuato, saben cómo se coordinarán con la Guardia Nacional mas allá de instalar retenes y anillos de protección en zona de tiroteos.
La falta de madurez institucional en un cuerpo recién creado como la Guardia Nacional, abona al desastre que quedará reflejado en los siguientes días cuando se conozca la cifra de asesinatos registrados durante 2019. Una estadística que pinta para nuevo record desde que la medición existe.
@velediaz424
