Todos los gobiernos del mundo deben respetar la libertad de expresión, reconocida, en el caso específico de México, en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de un derecho fundamental, necesario para el desarrollo democrático de cualquier Estado del mundo.
Este ordenamiento constitucional establece que nadie puede prohibir o limitar la libertad de expresión. Ni siquiera las autoridades de gobierno pueden interferir con este derecho, sino respetar de manera absoluta la libre expresión, pilar fundamental de toda democracia.
El lamentable asesinato de periodistas por ejercer su función en los últimos sexenios nos permite asegurar que se necesita mucho más para proteger en México la libertad de expresión. Respecto al tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho: "Ningún periodista es perseguido o censurado, hasta se insulta al presidente, pero no hay represión".
En el pasado, la orden de asediar, desaparecer y asesinar a los profesionales de la comunicación procedía de una clase política deshonesta, cuya opacidad política y corruptelas eran denunciadas con firmeza en los medios de comunicación.
En años más recientes, se ha atribuido al crimen organizado la autoría de algunos de estos crímenes, por la labor de investigación e información realizada por valientes periodistas que llegaron a denunciar mediáticamente la infiltración del crimen en ciertas esferas del poder.
A principios de la década de los noventa, los ataques a la libertad de expresión colocaron a México como uno de los países más peligrosos de América Latina para los periodistas y comunicadores, junto con Colombia, Brasil, Perú, Guatemala y Venezuela.
Otras situaciones en agravio de la libre expresión, ocurridas en aquellos tiempos, era el hostigamiento, el acoso, las amenazas de muerte, las detenciones ilegales de periodistas, la censura, los recortes de publicidad oficial, todo en agravio de los periodistas.
La mayoría de estos crímenes quedaron entonces en la más vergonzosa impunidad. El problema actual, sostienen algunos, sigue siendo el mismo. Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19 señaló al respecto: “El tema de la impunidad, que se mantiene a niveles alarmantes del 98%, no tiene visos de revertirse”.
Esta impunidad, denunciada por la organización independiente que promueve alrededor del mundo el derecho a la libertad de expresión, ha ocasionado la crítica mordaz y desmedida contra el presidente López Obrador, señalándolo de haber convertido sus conferencias mañaneras en un espacio en el que señala y critica a periodistas cuyos trabajos informativos y de opinión cuestionan lo hecho en su administración. Olvidan algunos de sus críticos aquellos periodos en que los ataques violentos a la práctica periodística procedían de gobiernos que tuvieron el sello de la corrupción y el abuso de poder.
Quiero señalar, por último, que coincido totalmente con la aseveración del analista Sergio Aguayo Quezada, en el sentido de que “el derecho a la información de los ciudadanos es violado cada vez que un reportero o reportera es asesinado, secuestrado, atacado o forzado a recurrir a la autocensura para proteger su vida” (Fondo de Cultura Económica, 2010).
Esperemos que en lo sucesivo no todo quede en exigencias de justicia por parte de los periodistas a las fiscalías de los estados, sino que se realicen acciones gubernamentales para castigar ejemplarmente a los que piensan que puede matarse la verdad matando periodistas.
Twitter: @armayacastro
