/ miércoles 3 de febrero de 2021

Lo incómodo de Ayotzinapa

Fue una “filtración” que irritó demasiado al gobierno federal. El pasado 20 de enero horas después de que un periódico capitalino publicara la declaración de un “testigo colaborador” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa donde señalaba al Ejército, policía local y crimen organizado de actuar en coordinación la noche del ataque, la secretaría de Gobernación anunció que interpondría una demanda penal para que se investigara y sancionara a los funcionarios que facilitaron acceso al expediente.

Una de las razones era que el testimonio de “Juan”, como se identificó al “testigo”, estaba sin cotejar, algunos de sus dichos eran imprecisos, otros eran falsedades y algunos más podrían ser pistas a seguir.

Parte de su testimonio asegura que los 43 estudiantes y una treintena mas de personas, fueron detenidos por militares, policía local e integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”. Un grupo de ellos fue interrogado por efectivos del 27 batallón de infantería de Iguala dentro del cuartel para después entregarlos, algunos ya muertos, a los delincuentes.

Lo que más molestó a las autoridares fue que exhibiera la ruta de la línea de mando en el Ejército pero no sobre cómo operó aquella noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, sino de los probables vínculos con la delincuencia organizada que según el testigo, se traducían en sobornos a los oficiales del 27 batallón, los mandos de éste y del batallón 40 tambien asentado en Iguala, y del comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo.

Ante el “ruido mediático” que se generó, el secretario de la Defensa Nacional dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional que si alguno de los elementos del Ejército en el cumplimiento de alguna de sus misiones o en el desarrollo de diferentes actividades había cometido “errores”, tendría que responder por ellos. El general Luis Crescencio Sandoval González se mostró dispuesto a continuar facilitando las investigaciones del caso y colaborar para su esclarecimiento.

Cuando el pasado noviembre el capitán José Martinez Crespo se entregó a las autoridads judiciales militares, lo hizo después de varias semanas de consultar con abogados conocidos suyos las condiciones en las que podría quedar recluido.

El capitán Crespo, quien estudió en el Colegio Militar entre los años 1987 a 1991, tiene varios contemporáneos dedicados al litigio en tribunales castrenses. Uno de ellos lo asesoró para someterse a juicio y pedir que por seguridad no fuera internado en una prisión federal sino en la cárcel del campo militar número uno.

En la línea de mando Crespo estaba por abajo del mayor Luis Alberto Rodríguez Chávez, jefe de la Sección de Instrucción, Información, y Operaciones (S.I.I.O.) del 27 batallón, de quien no se sabe si ha sido llamado a declarar. Por jerarquía arriba de ambos estaba el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón. Rodríguez rendia informes al comandante de la zona militar 35, el entonces general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien hacia lo propio con el general de división Martìn Cordero Luqueño, entonces comandante de la novena región militar con cuartel en Acapulco, y jurisdicción en el estado de Guerrero.

@velediaz424

Fue una “filtración” que irritó demasiado al gobierno federal. El pasado 20 de enero horas después de que un periódico capitalino publicara la declaración de un “testigo colaborador” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa donde señalaba al Ejército, policía local y crimen organizado de actuar en coordinación la noche del ataque, la secretaría de Gobernación anunció que interpondría una demanda penal para que se investigara y sancionara a los funcionarios que facilitaron acceso al expediente.

Una de las razones era que el testimonio de “Juan”, como se identificó al “testigo”, estaba sin cotejar, algunos de sus dichos eran imprecisos, otros eran falsedades y algunos más podrían ser pistas a seguir.

Parte de su testimonio asegura que los 43 estudiantes y una treintena mas de personas, fueron detenidos por militares, policía local e integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”. Un grupo de ellos fue interrogado por efectivos del 27 batallón de infantería de Iguala dentro del cuartel para después entregarlos, algunos ya muertos, a los delincuentes.

Lo que más molestó a las autoridares fue que exhibiera la ruta de la línea de mando en el Ejército pero no sobre cómo operó aquella noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, sino de los probables vínculos con la delincuencia organizada que según el testigo, se traducían en sobornos a los oficiales del 27 batallón, los mandos de éste y del batallón 40 tambien asentado en Iguala, y del comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo.

Ante el “ruido mediático” que se generó, el secretario de la Defensa Nacional dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional que si alguno de los elementos del Ejército en el cumplimiento de alguna de sus misiones o en el desarrollo de diferentes actividades había cometido “errores”, tendría que responder por ellos. El general Luis Crescencio Sandoval González se mostró dispuesto a continuar facilitando las investigaciones del caso y colaborar para su esclarecimiento.

Cuando el pasado noviembre el capitán José Martinez Crespo se entregó a las autoridads judiciales militares, lo hizo después de varias semanas de consultar con abogados conocidos suyos las condiciones en las que podría quedar recluido.

El capitán Crespo, quien estudió en el Colegio Militar entre los años 1987 a 1991, tiene varios contemporáneos dedicados al litigio en tribunales castrenses. Uno de ellos lo asesoró para someterse a juicio y pedir que por seguridad no fuera internado en una prisión federal sino en la cárcel del campo militar número uno.

En la línea de mando Crespo estaba por abajo del mayor Luis Alberto Rodríguez Chávez, jefe de la Sección de Instrucción, Información, y Operaciones (S.I.I.O.) del 27 batallón, de quien no se sabe si ha sido llamado a declarar. Por jerarquía arriba de ambos estaba el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón. Rodríguez rendia informes al comandante de la zona militar 35, el entonces general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien hacia lo propio con el general de división Martìn Cordero Luqueño, entonces comandante de la novena región militar con cuartel en Acapulco, y jurisdicción en el estado de Guerrero.

@velediaz424

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