Le guste o no al presidente Andrés Manuel López Obrador la apertura a las importaciones de Gas LP y la liberación del precio de dicho energético son beneficios inminentes obtenidos de la reforma energética de gran calado que fue impulsada en el año 2013.
Hay que recordar que Pemex es una Empresa Productiva del Estado y está obligada a generar valor económico y a maximizar su rentabilidad a través del acatamiento irrestricto de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de Hidrocarburos, por ende, también le aplican los ordenamientos de la CRE aunque esté secuestrada por la Secretaría de Energía, que sólo sirve al Presidente para considerar las variables internacionales como Mont Belviu y el tipo de cambio del peso frente al dólar, para cotizar de manera cotidiana el precio de venta diaria, el precio de venta de primera mano del Gas LP, pues no obstante los esfuerzos de los importadores privados, a la fecha Pemex continua ejerciendo un poder económico preponderante.
Hay que explicarle al ciudadano con manzanas: Pemex, aún con la apertura, suministra más del 65% del mercado mayorista en México, tanto con producto nacional como con producto importado.
También hay que recordarle lo siguiente: el artículo 4º de la Ley de Pemex dice que tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello el desarrollo nacional.
Su proyecto viola esta ley de manera flagrante.
Luis Carriles
