/ domingo 14 de junio de 2020

La familia Zaragoza y Baja California

El veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para mantener la gubernatura actual de Baja California por un periodo de dos años, representa también el inicio de la carrera por suceder en el cargo al morenista Jaime Bonilla, en especial para un grupo empresarial que se afianzó con los gobiernos panistas y que impulsa ahora a tres candidatos para mantener sus intereses económicos intactos.

Se trata de un grupo de empresas que almacenan y distribuyen hasta el 80 por ciento del Gas LP que se consume en el estado y que, por tanto, mantienen a esta región como una de las que posee los precios más altos del energético en el país. Anote usted en este grupo a Zeta Gas, Silza Gas, Baja Gas & Oil y, propiamente, el Grupo Tomza, todas ellas compañías propiedad de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, aunque algunas registradas a través de otros familiares y prestanombres.

Las empresas de la familia Zaragoza han sido las principales patrocinadoras de las campañas de los últimos cuatro exgobernadores y alcaldes panistas en Baja California, por lo que estas firmas lograron construir, con sus aliados en el gobierno, un andamiaje administrativo y jurídico que evita que nuevas empresas arriben a competir en el mercado energético de la entidad.

Para el proceso electoral de 2021, los funcionarios y políticos que son apoyados por este grupo económico son el Súper Delegado de los programas del Gobierno Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe; el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y el Fiscal General del Estado, Guillermo “Titi” Ruiz; todos con una marcada tendencia desde sus trincheras a bloquear la apertura comercial en el mercado del gas.

Como rivales en la carrera por la gubernatura tendrán a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmedo, y al secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan; estos últimos ya con pronunciamientos y acciones contra las prácticas monopólicas de las empresas gaseras y, sobre todo, a favor de una apertura que contribuya a disminuir las tarifas energéticas en la entidad.

Ambos funcionarios, por ejemplo, han denunciado que, de las 18 plantas de almacenaje y distribución en el estado, 11 pertenecen sólo a Zeta y a Silza, señalamientos a los que se ha sumado el diputado del desaparecido Partido Encuentro Social, Héctor Cruz Cuéllar, éste, incluso, acusando abiertamente al alcalde de Tijuana de proteger intereses de los Zaragoza.

La contienda preelectoral apenas comienza, por lo que seremos testigos muy seguramente de una serie de ataques y señalamientos políticos en los próximos meses, mismos que tendrán como principal trasfondo una lucha por la supervivencia de, muy probablemente, el monopolio más arraigado en las estructuras de gobierno que se observa en todo el territorio nacional.

El veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para mantener la gubernatura actual de Baja California por un periodo de dos años, representa también el inicio de la carrera por suceder en el cargo al morenista Jaime Bonilla, en especial para un grupo empresarial que se afianzó con los gobiernos panistas y que impulsa ahora a tres candidatos para mantener sus intereses económicos intactos.

Se trata de un grupo de empresas que almacenan y distribuyen hasta el 80 por ciento del Gas LP que se consume en el estado y que, por tanto, mantienen a esta región como una de las que posee los precios más altos del energético en el país. Anote usted en este grupo a Zeta Gas, Silza Gas, Baja Gas & Oil y, propiamente, el Grupo Tomza, todas ellas compañías propiedad de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, aunque algunas registradas a través de otros familiares y prestanombres.

Las empresas de la familia Zaragoza han sido las principales patrocinadoras de las campañas de los últimos cuatro exgobernadores y alcaldes panistas en Baja California, por lo que estas firmas lograron construir, con sus aliados en el gobierno, un andamiaje administrativo y jurídico que evita que nuevas empresas arriben a competir en el mercado energético de la entidad.

Para el proceso electoral de 2021, los funcionarios y políticos que son apoyados por este grupo económico son el Súper Delegado de los programas del Gobierno Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe; el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y el Fiscal General del Estado, Guillermo “Titi” Ruiz; todos con una marcada tendencia desde sus trincheras a bloquear la apertura comercial en el mercado del gas.

Como rivales en la carrera por la gubernatura tendrán a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmedo, y al secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan; estos últimos ya con pronunciamientos y acciones contra las prácticas monopólicas de las empresas gaseras y, sobre todo, a favor de una apertura que contribuya a disminuir las tarifas energéticas en la entidad.

Ambos funcionarios, por ejemplo, han denunciado que, de las 18 plantas de almacenaje y distribución en el estado, 11 pertenecen sólo a Zeta y a Silza, señalamientos a los que se ha sumado el diputado del desaparecido Partido Encuentro Social, Héctor Cruz Cuéllar, éste, incluso, acusando abiertamente al alcalde de Tijuana de proteger intereses de los Zaragoza.

La contienda preelectoral apenas comienza, por lo que seremos testigos muy seguramente de una serie de ataques y señalamientos políticos en los próximos meses, mismos que tendrán como principal trasfondo una lucha por la supervivencia de, muy probablemente, el monopolio más arraigado en las estructuras de gobierno que se observa en todo el territorio nacional.