Tras el repique de campanas en el poblado de Papatlazolco, perteneciente al municipio de Huachinango, Puebla, vecinos del lugar salieron a la calle y lincharon la noche del viernes 10 de junio a Daniel Picazo González, un abogado poblano de 31 años.
El merodeo de una camioneta conducida por éste en una zona del lugar hizo pensar a la gente que se trataba de un secuestrador de menores. Los lugareños se enardecieron cuando un audio difundido en grupos de WhatsApp de la localidad poblana avisaba que los niños del lugar se hallaban en peligro por la presencia de un “robachicos”. Todo fueron simples sospechas, nada que hubiera confirmado ninguno de los pobladores, ni siquiera la persona que publicó irresponsablemente el audio.
El extinto Daniel Picazo, quien estudió Derecho en la Universidad Tecnológica de México, y de donde se recibió en 2016, murió con exceso de crueldad, como nadie debe morir: rociado con gasolina y quemado vivo. Su hermana, Madeleine Picazo, lo definió como un profesionista con “futuro brillante” y amante de viajar.
Ante este tipo de tragedias nos preguntamos: si había sospechas de que Daniel constituyera una amenaza para la niñez de Papatlazolco, ¿por qué no lo detuvieron y lo entregaron a las autoridades, para que éstas investigaran los motivos que lo llevaron a ese lugar?
El hecho confirma el gran problema que constituye juzgar de acuerdo con las apariencias, sin estar sustentados de manera correcta nuestros juicios. Y en el supuesto de que nuestro juicio fuera correcto, debemos entender que México es un país de leyes, en el que nadie puede hacer justicia por sus propias manos. Por mandato constitucional, “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial” (Artículo 17 constitucional). Dicho de otra manera, nadie puede soslayar a las instituciones ni a las autoridades cuando se sospecha que alguien ha cometido un delito.
En ese sentido se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes 20 de junio: “No debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable”, señaló.
Los linchamientos están fuera de la ley. El problema es que esta ilegalidad involucra a veces no sólo a los que lo ejecutan, sino al resto de la sociedad, principalmente a aquellos que aplauden el hecho, en lugar de condenar enérgicamente esta inaceptable forma de violencia social.
Lo importante es que las autoridades están trabajando para aplicar el rigor de la ley a quienes participaron en este vergonzoso linchamiento. Hasta el momento hay siete personas vinculadas a proceso.
El Diccionario de la Real Academia Española define así el término “linchar”: “Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.
Los linchamientos, que consisten en dar muerte al supuesto trasgresor de la ley, han sido ligados por algunos autores con la llamada “justicia comunitaria”, aunque otros afirman que dicha justicia “ha sido hasta ahora mal comprendida y confundida con los linchamientos populares”, dando a entender que se trata de cosas completamente diferentes.
Lo único cierto es que nadie en su sano juicio puede aplaudir estos barbáricos actos como acciones legítimas para alcanzar o hacer justicia.
En todos los actos ilícitos, cometidos por quien sea y en donde sea, se debe privilegiar la aplicación de la ley y la intervención de las autoridades e instituciones.
Nada justifica el hacerse justicia por mano propia, ni siquiera el trillado argumento de que hoy por hoy vivimos una crisis de gobernabilidad y de impartición de justicia. Los linchamientos son delitos que vulneran los derechos de los acusados, además de pasar por encima de la presunción de inocencia, un principio que establece la inocencia de la persona como regla.
La persona imputada de cometer un delito tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa…”, establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Concluyo señalando la importancia de que las autoridades realicen en todos los estados de la República Mexicana un “trabajo sostenido en la construcción de cultura ciudadana sobre el debido procedimiento en casos de las detenciones”.
Twitter: @armayacastro
