Desde el 29 de junio de 1962, la intolerancia religiosa ha producido violentos enfrentamientos, expulsiones y despojos en varias comunidades chiapanecas. En aquella fecha, los católicos fundamentalistas de Chiapas expulsaron a 48 evangélicos de Chanal, comunidad perteneciente al municipio de San Juan Chamula. A partir de esa fecha, y por más de 50 años, la intolerancia religiosa siguió produciendo diversos atropellos en perjuicio de las minorías religiosas: expulsiones, quema y destrucción de casas, cortes de agua y energía eléctrica, amenazas y despojos en agravio de quienes predican y practican una fe distinta a la católica.
Los estudiosos del tema sostienen que estos atropellos comenzaron en 1966, dos años después del establecimiento del presbiterianismo en la población de San Juan Chamula. Hasta el año 2003, más de 34 mil chamulas habían sido expulsados por motivos religiosos, es decir, en promedio mil cada año, afirma el sociólogo de la religión Roberto Blancarte, quien explica así lo sucedido: “Los evangélicos fueron vejados, despojados de sus tierras y en ocasiones asesinados, sin que ninguna autoridad interviniera con eficacia para imponer la ley y castigar a los culpables” (Roberto Blancarte, Discriminación por Motivos Religiosos y Estado Laico: Elementos para una Discusión, Colegio de México, 2003).
Blancarte habla de impunidad porque sabe perfectamente bien lo que aconteció en aquellos años en Chiapas, y porque sabe también de la ausencia de castigo a los autores de los delitos enumerados. La impunidad es grave no sólo cuando deja sin castigo a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico, sino también cuando permite el avance de los atentados a la libertad religiosa.
Ante esto nos hemos preguntado siempre: ¿qué importancia tienen las leyes mexicanas que protegen el ejercicio del culto de todas las minorías religiosas si existen grupos y personas que no las respetan, y cuyos atropellos quedan impunes? La respuesta a la anterior pregunta es: si las leyes no se aplican y se respetan no tienen importancia alguna.
De nada sirve que tengamos buenas leyes si no se aplican. Sobre este tema, Diego Valadés declaró en cierta ocasión al diario capitalino La Jornada: “Por derechos no hay quien nos gane, estamos a la vanguardia, pero en materia de Estado de Derecho estamos muy rezagados”. Para el destacado jurista mexicano lo importante no es que México sea un Estado de derechos, sino un Estado de Derecho, que es aquel donde “prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los hombres”.
El anhelo de los integrantes de las minorías religiosas de México es que se respeten sus derechos y se cumplan puntualmente la Constitución y las leyes que de ella emanan, así como las obligaciones internacionales en materia de libertad religiosa, mismas que han sido plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 18), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 18 y 27), la Convención de los Derechos del Niño (Artículo 14) y la Convención Europea de Derechos Humanos (Artículo 9).
Aunque algunas autoridades de Chiapas consideran que la intolerancia religiosa en ese estado de la República mexicana es un problema ya superado, lo cierto es que sigue siendo la entidad con mayor diversidad e intolerancia religiosa, en donde las personas que profesan una fe distinta a la católica han sufrido desplazamientos, amenazas e intimidaciones, esto muy a pesar de las leyes que prohíben la discriminación religiosa.
En abril de 2019, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, afirmó que en Chiapas “persisten resistencias al cambio, no obstante, estamos obligados a humanizar la religión, a respetar la libertad, la diversidad pluricultural y pluriétnica; las iglesias deben sujetarse a la legalidad, además deben garantizarse los derechos y libertades”.
Otro tema al que se debe poner especial atención es el discurso de odio por motivos religiosos en Internet y redes sociales. Hablo evidentemente de las formas de expresión que propagan irracionalmente el odio religioso contra determinadas minorías, en las que aflora la intolerancia, la hostilidad y la discriminación contra estos grupos, apoyándose en “trabajos informativos” redactados por periodistas que se sienten autorizados para atentar contra los derechos de las personas.
Me despido recordando a tales periodistas una de las frases de Javier Darío Restrepo, considerado el padre de la ética periodística colombiana: “El periodista no puede considerarse autorizado por razón alguna para atentar contra el derecho que toda persona tiene al buen nombre y a la fama”.
Twitter: @armayacastro
