¿Tiene necesidad nuestro país de un Consejo Federal para el Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad, como lo pretende la iniciativa de reforma al artículo tercero, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
La respuesta a la anterior pregunta es un NO contundente. Nadie, que yo sepa, está interesado en la creación de dicho Consejo que, de acuerdo con la iniciativa que promueve el Senador de la República por Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, establecería los contenidos y lineamientos de la educación pública que imparte el Estado mexicano, lo cual es innecesario en México. Y lo digo porque nuestra Carta Magna, promulgada el 5 de febrero de 1917, establece con absoluta claridad que los contenidos de dicha educación se deben basar en los adelantos científicos, es decir deben ser contenidos laicos, exentos de religión.
La Ley General de Educación confiere a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la atribución de determinar para toda la República los planes y programas de estudio, entre otros, para la educación preescolar, la primaria y la secundaria; elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos; fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para el uso de dichos niveles educativos...".
De acuerdo con el anterior ordenamiento jurídico, México no necesita un Consejo que realice la función que hasta ahora ha llevado a cabo la autoridad educativa federal, que tiene competencia para "promover la creación de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior".
El pretexto para llevar a cabo la reforma del artículo tercero constitucional, y el consecuente establecimiento del citado Consejo, es la ausencia de valores, que es el mismo que han puesto sobre la mesa los interesados en la creación de una Constitución Moral, idea basada en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes (1944). Hay que tener presente que varios legisladores y académicos han calificado la Constitución Moral como un gran equívoco y una afrenta al Estado laico.
Para el establecimiento del Consejo Federal para el Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad, la iniciativa del legislador tamaulipeco propone que se otorgue al Poder Legislativo “la facultad para emitir la Ley que dará su existencia, estructura y atribuciones, en el cual deberá haber representación del gobierno y de la sociedad civil”, se asienta en la exposición de motivos.
En seguida añade que dicho Consejo “promoverá entre la población, la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, comenzando por los destinatarios de los programas sociales del gobierno, especialmente los ancianos y los jóvenes. Este será el primer paso –obsérvese, no el único– para comenzar una reflexión nacional sobre los principios y valores que contribuyen a la unidad entre todos los mexicanos, y a una convivencia pacífica respetuosa de la pluralidad y la diversidad”.
Puede ser que muchos consideren como inofensiva esta iniciativa de ley, porque procura la creación de un Consejo “que proponga y regule reglas éticas y morales de convivencia, con el inicio básico de obligar a reflexionar a todos sobre las circunstancias, algunas de ellas muy delicadas, por la que atraviesa nuestro país”.
Sin embargo, la pretensión de imponer una determinada moral –que no es la moral con la que se identifican todos los mexicanos– es altamente preocupante; dicho esto con el respeto que me merecen las autoridades de todos los niveles de gobierno, cuya actividad no consiste en moralizar a los mexicanos.
Son las iglesias y sus ministros, no el Estado y sus instituciones, las que pueden y deben tratar de influir en la conducta moral de sus feligreses”. Los asuntos del Estado no son religiosos, por lo tanto, no le compete a éste dictar una lista de principios morales, como tampoco son políticos los asuntos de las iglesias, tal como lo establece el artículo 130 constitucional.
En un Estado laico como México, no se puede imponer una moral oficial que vaya contra de este principio y contra la separación del Estado y las Iglesias. El gran problema será la discriminación que la no sumisión a dicha moral generará en agravio de los mexicanos que no se sometan a ésta, independientemente de que, como se ha dicho, no se impongan sanciones en contra de los mexicanos que la soslayen. Hay ocasiones en que la discriminación afecta más que las sanciones.
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