Lo que en la década de los años noventa era una situación trágica y frecuente en Ciudad Juárez, en la actualidad lo es en varias entidades de México. Ni siquiera el encierro ocasionado por la emergencia sanitaria logró la disminución de este inaceptable tipo de violencia. Los números del INEGI son claros al respecto: en 2020, el año de la pandemia, se contabilizaron 1.844 homicidios de mujeres.
La anterior cifra indica que la crisis sanitaria disparó el número de feminicidios en México. El famoso #QuedateEnCasa, que tenía el propósito de evitar contagios y muertes, obligó a miles de mujeres a permanecer en sus hogares muy cerca de sus agresores.
Un dato que nos permite conocer más y mejor cómo pasaron la cuarentena las mujeres de la capital del país en los tiempos de la Covid-19, es el incremento en el número de llamadas relacionadas con hechos de violencia de género. Las llamadas fueron hechas a Línea Mujeres de la Ciudad de México, un servicio telefónico de orientación, asesoría y acompañamiento para las mujeres que viven violencia.
A la par de la lucha contra el coronavirus, en miles de hogares se hicieron presentes las prácticas que genera la violencia machista, que contribuye al menoscabo sistemático de la dignidad de las mujeres de todas las edades y estratos sociales. En 2021, el año en que llegaron a México las vacunas contra la Covid-19, el Estado de México encabezó la lista de entidades con mayor número de feminicidios: 145 mujeres asesinadas en total. En Jalisco se cometieron ese año 70 asesinatos por razones de género, similar cifra que en Veracruz. Siguieron a estos estados la Ciudad de México con 69, y Nuevo León con 66.
Cómo puede usted ver, la violencia de género tiene temible presencia hoy en todos los estados de la República mexicana, incluidas aquellas entidades donde los casos de violencia contra las mujeres eran pocos en el pasado. Una nota periodística publicada este martes indica que Aguascalientes alcanzó en el primer bimestre de 2022 cifras nunca vistas desde que se tiene registro.
Desde luego que Aguascalientes no figura entre los estados con más feminicidios en el panorama nacional. En 2020 registró la tasa de feminicidio más baja: 0.41; sin embargo, en 2021 su indicador fue 0.95, lo que indica un incremento, y un aviso para que sociedad y autoridades trabajen más y mejor en la materia.
En otros espacios de opinión he sostenido que el incremento de los feminicidios tiene que ver con el tema de la impunidad, cuyo mayor ejemplo lo encontramos en el injusto proceder de los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, quienes inexplicablemente absolvieron de manera unánime a Sergio Rafael Barraza, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre Escobedo. Las cámaras de televisión registraron el 30 de abril de 2010 la impotencia y llanto de desesperación de la activista Marisela Escobedo Frayre, madre de Rubí, quien se dedicó en lo sucesivo a exigir justicia con diversas manifestaciones y protestas, encontrando la muerte en su anhelo de justicia.
El de Marisela es también un crimen sin resolver, muy a pesar de que los tres jueces hayan renunciado a sus cargos el lunes 14 de marzo de 2011. Las consecuencias de su irresponsable actuación figuran desde entonces y para siempre entre los vergonzosos casos de impunidad en México, entendida ésta como ausencia de pena cuando el castigo es esperado por las víctimas o los familiares de éstas.
Esta protección hacia la delincuencia por parte del Estado debe llegar a su fin. Para ello, se debe perseguir toda conducta antisocial, así como los delitos que se cometen en agravio de las mujeres, incluidos violencia familiar, violación y abuso sexual.
Tengamos presente en todo tiempo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que no sería posible sin el puntual cumplimiento de las leyes, de los instrumentos y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Uno de ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. El artículo primero de la Declaración señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Otros instrumentos internacionales establecen la obligación de los gobiernos a introducir mejoras en las legislaciones nacionales a favor de las mujeres.
