Inicia un nuevo año y con él, arrancan con su gestión nuevas administraciones municipales en el Estado. Se renuevan alcaldías en los 38 municipios de Coahuila y aunque en algunos de ellos repiten en el mando por virtud de la reelección, eso no hace que en su discurso abandonen la práctica de las nuevas promesas.
La oferta de nuevos y reelectos siempre es ser mejores, conservar lo que ha funcionado y renovar o mejorar lo construido en temas sensibles como seguridad y servicios públicos. Además del apoyo a los más vulnerables, se anuncian por todos y cada uno de ellos, mejoras en diversas áreas, como transporte, urbanización, regulación,, transparencia y otros, en cumplimiento con la agenda internacional como mujeres, inclusión, salud, tecnología y ecología.
Sin embargo, para una gestión eficaz de los servicios públicos, el municipio requiere recursos propios. El artículo 115 Constitucional, que estructura administrativa y políticamente el municipio, se ha modificado en diversas ocasiones con la finalidad de reforzar el principio de la libre administración hacendaria.
La Constitución establece la facultad del municipio para administrar libremente su hacienda y sus fuentes de origen; como rendimientos de los bienes que les pertenecen, contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria, participaciones federales e ingresos derivados de la prestación de servicios públicos.
El decreto que reformó el artículo 109 de la Constitución de 1857, expedido por Venustiano Carranza, el 25 de diciembre de 1914 y que constituye el antecedente inmediato del artículo 115, mostraba ya su preocupación en este aspecto. En su discurso de apertura en 1916, manifestó su intención por reglamentar de manera adecuada el aspecto económico y político de la administración municipal. En el Diario de debates de la segunda Comisión de la Constitución, resultan ilustrativas las ideas del General Jara en el sentido de que “No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada tanto individual como colectivamente… no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último la libertad económica, porque entonces la primera no podría ser efectiva.”
Si los municipios no disponen de infraestructura adecuada para prestar los servicios públicos vitales que una comunidad requiere, es difícil que estos puedan desarrollarse y progresar. La desigualdad en el desarrollo municipal es una constante en nuestro país y para luchar contra ella se requiere encontrar nuevas fórmulas, que reflejen la realidad social municipal en cada entidad, a efecto de que la distribución de las participaciones federales se realice en forma justa y equitativa.
Son tiempos en que las circunstancias sociales nos exigen nuevos retos, y que afrontarlos requieren además de voluntad política, infraestructura y obra. La oferta política empieza a cumplirse desde el día uno de cada administración, los primeros cien días de las administraciones marcarán la pauta de cada autoridad con su comunidad.
Debemos estar atentos en el cumplimiento de los planes municipales, el sistema colaborativo y de ciudadanización de funciones de la autoridad primaria es obligación y derecho Constitucional de cada habitante. El reto no es solo para quien ostenta la autoridad, es para cada ciudadano organizado y responsable. La participación ciudadana no se agota en la urna o en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La prestación de mejores servicios requiere la contribución, colaboración y participación de todos. ¿Cómo? la respuesta será parte de los retos que deberemos afrontar.
Sandra Luz Rodríguez Wong
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