/ lunes 23 de diciembre de 2019

El posible exceso de la legítima defensa

Es una realidad que la violencia en este país ha ido en aumento, los robos a nuestro patrimonio ocurren cada vez más con violencia que aquellos que ocurren sin violencia. Incluso el porcentaje de los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego sobre el total de homicidios ha ido también en aumento.

En días pasados el Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la iniciativa para modificar el artículo 57 del Código Penal del estado en el que se establece que quien lesione o prive de la vida a una persona que ingrese a su casa o negocio por considerarlo una amenaza inminente no será criminalizado.

La violencia generalizada nos empuja, nos arrincona a pensar en ampliar los derechos establecidos en nuestra constitución y que nos permita portar armas de fuego y utilizarlas bajo la figura de una legítima defensa. No nos desviemos pues la responsabilidad de prevenir la comisión de delitos y salvaguardar nuestra integridad física y patrimonial le corresponde al Estado.

Si se busca transferir aunque sea parcialmente esta responsabilidad a los ciudadanos entonces habrá quien piense que el Estado no es capaz de garantizarnos este derecho y habría fracasado en ese intento. No creo que como ciudadanos aspiremos a ser una sociedad que esté armada, me parece esa no es la solución. Incluso puede incrementarse la compra legal e ilegal de armas.

Pagamos impuestos para que esa garantía universal no se pierda. ¿Que argumentos se dieron tan contundentes para votar esta iniciativa de forma unánime si hoy se presume en el Estado las disminuciones en los delitos patrimoniales?. Para el robo a casa habitación por ejemplo, se ha reducido en casi un 25% las denuncias y se encuentra por debajo de la tasa nacional.

En tanto, el robo a negocio ha disminuido casi un 50% y Coahuila registra la novena tasa más baja del país. Estemos atentos ante esta iniciativa, pues la línea entre la legítima defensa y un posible uso excesivo de la misma es muy delgada. No debe entenderse en que ya se tiene licencia para matar, pues finalmente lesionar a una persona o privarlo de la vida produce consecuencias.

Es importante se agoten medidas preventivas y se fortalezcan las acciones y las estructuras policíacas para salvaguardarnos como personas y a nuestros bienes.

Es una realidad que la violencia en este país ha ido en aumento, los robos a nuestro patrimonio ocurren cada vez más con violencia que aquellos que ocurren sin violencia. Incluso el porcentaje de los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego sobre el total de homicidios ha ido también en aumento.

En días pasados el Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la iniciativa para modificar el artículo 57 del Código Penal del estado en el que se establece que quien lesione o prive de la vida a una persona que ingrese a su casa o negocio por considerarlo una amenaza inminente no será criminalizado.

La violencia generalizada nos empuja, nos arrincona a pensar en ampliar los derechos establecidos en nuestra constitución y que nos permita portar armas de fuego y utilizarlas bajo la figura de una legítima defensa. No nos desviemos pues la responsabilidad de prevenir la comisión de delitos y salvaguardar nuestra integridad física y patrimonial le corresponde al Estado.

Si se busca transferir aunque sea parcialmente esta responsabilidad a los ciudadanos entonces habrá quien piense que el Estado no es capaz de garantizarnos este derecho y habría fracasado en ese intento. No creo que como ciudadanos aspiremos a ser una sociedad que esté armada, me parece esa no es la solución. Incluso puede incrementarse la compra legal e ilegal de armas.

Pagamos impuestos para que esa garantía universal no se pierda. ¿Que argumentos se dieron tan contundentes para votar esta iniciativa de forma unánime si hoy se presume en el Estado las disminuciones en los delitos patrimoniales?. Para el robo a casa habitación por ejemplo, se ha reducido en casi un 25% las denuncias y se encuentra por debajo de la tasa nacional.

En tanto, el robo a negocio ha disminuido casi un 50% y Coahuila registra la novena tasa más baja del país. Estemos atentos ante esta iniciativa, pues la línea entre la legítima defensa y un posible uso excesivo de la misma es muy delgada. No debe entenderse en que ya se tiene licencia para matar, pues finalmente lesionar a una persona o privarlo de la vida produce consecuencias.

Es importante se agoten medidas preventivas y se fortalezcan las acciones y las estructuras policíacas para salvaguardarnos como personas y a nuestros bienes.

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