Uno de los problemas que le heredó Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue creciendo y en algún momento va a estallar internacionalmente como un manotazo más de la cuatroté. A los empresarios, representados por Luis Asali Harfuch, no les importa quién se las hizo, solamente quieren que les paguen alrededor de 200 millones de dólares por la presunta falta de garantías en Chiapas para crear una central eléctrica en Chicoasén.
Un consorcio conformado por Caabsa Infraestructura, de Luis y Mauricio Amodio, Sinohydro, la china que encabeza Fan Jixiang, Desarrollo y Construcciones Urbanas y Omega Construcciones Industriales, acudió a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres para explicar que el pleito con la empresa que hoy encabeza Manuel Bartlett surgió con el proyecto conocido como Chicoasén I, una presa hidroeléctrica en Chiapas.
“Surgieron conflictos entre pobladores de la comunidad de Chicoasén y la CFE, derivados de la falta de cumplimiento de las promesas hechas por parte de la Comisión a dicha comunidad, como la falta de pago de las tierras relacionadas con la construcción de dicho proyecto”, indica el Laudo Final del 22 de junio del 2020.
Ante los árbitros internacionales, los empresarios expusieron que como resultado de las primeras visitas del INAH que se hicieron entre 2011 y 2012, se emitieron tres dictámenes técnicos que indican la existencia de vestigios arqueológicos en el área y la necesidad de realizar trabajos de salvamento. Asimismo, aseguran que la CFE y el gobierno del estado de Chiapas asumieron una serie de “compromisos sociales” antes y durante la construcción del proyecto.
“Dentro de dichos compromisos asumidos, la Comisión prometió a los habitantes de Chicoasén (en múltiples reuniones celebradas ante transportistas, representantes sindicales, y la población de Chicoasén y la región en general): que contratarían a sus habitantes en las diferentes etapas del Proyecto; que sus camiones de volteo serían utilizados durante la ejecución de las Obras de acarreo, y que el acceso a los trabajos relacionados con mano de obra y acarreos deberían pactarse directamente con el SUTERM y con la empresa que resultara ganadora de la licitación”, indican los documentos.
“La mayoría de los problemas en el desarrollo del Proyecto tuvieron su origen en múltiples paros laborales y bloqueos de acceso al Sitio, realizados por diferentes grupos, cada uno de ellos con diferentes reclamos y solicitudes. Dichos bloqueos empezaron con una duración de uno o dos días y se fueron alargando hasta durar meses enteros, aconteciendo un total de 23 bloqueos; el último de éstos inició el 12 de julio de 2016 impidiendo el acceso al Sitio hasta, por lo menos, el día de la presentación del Memorial de Demanda. La causa aparente de la mayoría de dichos paros y bloqueos fue la falta de cumplimiento de ciertos compromisos asumidos”.
La CFE no ha dado muestras de querer resolver este asunto.
Al final, probablemente le dejen la herencia de Peña Nieto al siguiente Presidente de México, por más que los empresarios suelten maldiciones y dinero entre abogados. Al interior de la cuatroté, este no es su problema.
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