/ miércoles 23 de septiembre de 2020

Ayotzinapa seis años

¿Hasta dónde permitirá la secretaría de la Defensa Nacional transparentar el rol que tuvo el Ejército la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala?

Seis años después de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde seis personas fallecieron y 43 normalistas se encuentran desaparecidos, se avizora una ruta contra un grupo de implicados que como autoridades tuvieron algún grado de responsabilidad en diferentes momento en aquel episodio.

Del lado civil hace unas semanas fue noticia la acción penal contra varios implicados en hechos posteriores al ataque que, a decir de la autoridad ministerial, buscaron “omitir, obstruir, alterar pruebas y torturar detenidos”, con la finalidad de articular ese montaje conocido como “la verdad histórica”. La cabeza visible de los acusados es Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) el sexenio pasado, hoy prófugo de la justicia con ficha roja de Interpol y de quien se informó está escondido en Israel.

El viernes 11 de septiembre dos de sus más cercanos colaboradores, la ex agente del ministerio público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, acusada de participar en la alteración de la escena del Río San Juan donde presuntamente fueron hallados restos de algunos de los normalistas desaparecidos, y Carlos Gómez Arrieta, ex director de la Policía Federal Ministerial, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

En marzo pasado fue capturado el ex jefe de la ACI en Guerrero, Ezequiel Peña Cerda, junto con el ex agente Isidro Junco Barajas, quienes al igual que Gómez Arrieta están acusados de tortura grabada en un video que se difundió con el interrogatorio a Carlos Canto Salgado, acusado de formar parte de la banda criminal autodenominada “Guerreros Unidos”, involucrada en la desaparición de los jóvenes.

Una acción penal contra elementos del Ejército que participaron en algun momento en aquel episodio no será sencillo. Más allá de la investigación ministerial, implicaría colocar en el escenario de la justicia las omisiones y/o complicidades de la línea de mando que operó esos días. Algo que la cúpula militar se ha negado en reiteradas ocasiones desde entonces.

Cuando este sábado se cumplan seis años del caso, el escenario será muy distinto para el general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Sedena, comparado al que tuvo su antecesor Salvador Cienfuegos Zepeda, quien defendió con vehemencia a los militares que participaron aquella noche.

El estado de Guerrero y el Ejército tienen una historia en lás últimas décadas donde la campañas contra la guerrilla, el crecimiento del narcotráfico y la corrupción de jefes militares han sido algunos de los sellos característicos.

El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sería una ventana por la cual la opinión pública podría asomarse a la colusión de mandos militares con el narco, la infiltración del crimen organizado en sus filas, y la creación de grupos paramilitares con ex elementos del Ejército que pasaron de servir como policías municipales a formar bandas delincuenciales.

@velediaz424

¿Hasta dónde permitirá la secretaría de la Defensa Nacional transparentar el rol que tuvo el Ejército la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala?

Seis años después de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde seis personas fallecieron y 43 normalistas se encuentran desaparecidos, se avizora una ruta contra un grupo de implicados que como autoridades tuvieron algún grado de responsabilidad en diferentes momento en aquel episodio.

Del lado civil hace unas semanas fue noticia la acción penal contra varios implicados en hechos posteriores al ataque que, a decir de la autoridad ministerial, buscaron “omitir, obstruir, alterar pruebas y torturar detenidos”, con la finalidad de articular ese montaje conocido como “la verdad histórica”. La cabeza visible de los acusados es Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) el sexenio pasado, hoy prófugo de la justicia con ficha roja de Interpol y de quien se informó está escondido en Israel.

El viernes 11 de septiembre dos de sus más cercanos colaboradores, la ex agente del ministerio público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, acusada de participar en la alteración de la escena del Río San Juan donde presuntamente fueron hallados restos de algunos de los normalistas desaparecidos, y Carlos Gómez Arrieta, ex director de la Policía Federal Ministerial, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

En marzo pasado fue capturado el ex jefe de la ACI en Guerrero, Ezequiel Peña Cerda, junto con el ex agente Isidro Junco Barajas, quienes al igual que Gómez Arrieta están acusados de tortura grabada en un video que se difundió con el interrogatorio a Carlos Canto Salgado, acusado de formar parte de la banda criminal autodenominada “Guerreros Unidos”, involucrada en la desaparición de los jóvenes.

Una acción penal contra elementos del Ejército que participaron en algun momento en aquel episodio no será sencillo. Más allá de la investigación ministerial, implicaría colocar en el escenario de la justicia las omisiones y/o complicidades de la línea de mando que operó esos días. Algo que la cúpula militar se ha negado en reiteradas ocasiones desde entonces.

Cuando este sábado se cumplan seis años del caso, el escenario será muy distinto para el general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Sedena, comparado al que tuvo su antecesor Salvador Cienfuegos Zepeda, quien defendió con vehemencia a los militares que participaron aquella noche.

El estado de Guerrero y el Ejército tienen una historia en lás últimas décadas donde la campañas contra la guerrilla, el crecimiento del narcotráfico y la corrupción de jefes militares han sido algunos de los sellos característicos.

El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sería una ventana por la cual la opinión pública podría asomarse a la colusión de mandos militares con el narco, la infiltración del crimen organizado en sus filas, y la creación de grupos paramilitares con ex elementos del Ejército que pasaron de servir como policías municipales a formar bandas delincuenciales.

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