Andrés Manuel López Obrador ha hecho diversos llamados a los gobernadores de los estados y a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial para que atiendan las causas que originan la inseguridad y la violencia en México. Lo mismo deben hacer los gobernantes de aquellos países cuyos habitantes emigran a otros países en busca de mejores condiciones de vida.
Sobre la manera de enfrentar el fenómeno migratorio, la apuesta del presidente de México es ir más allá del combate de los flujos migratorios. Se trata de atender debidamente las causas: brindar oportunidades a la gente de México y de las naciones centroamericanas que se ve obligada a emigrar a causa de la pobreza y la inseguridad.
El gobierno de Estados Unidos reconoció el pasado mes de octubre que "la única solución es atacar las causas fundamentales". Así lo expresó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien se comprometió a apoyar el desarrollo de Centroamérica, aunque no detalló cómo lo haría.
Lo importante es que las autoridades del país de tránsito y las del país de destino han coincidido en la necesidad de trabajar más y mejor en la generación de empleos y de desarrollo en las regiones marginadas de origen, así como en la transformación de las difíciles condiciones de contratación y de trabajo.
Para empezar a solucionar este añejo problema es necesario ir más allá del estudio del fenómeno migratorio desde diferentes enfoques y perspectivas. Se ocupa el involucramiento de todos los sectores de la sociedad para ponerle fin a la pobreza, al desempleo, a la violencia y a los conflictos armados. Sólo así se pondrá fin a este fenómeno que no es privativo de las naciones centroamericanas, pues la migración ha sido considerada como uno de los fenómenos globales más intensos y desafiantes.
La participación de los expertos no puede faltar, pues es la que ofrece a la sociedad y a los gobiernos orientaciones para hacer frente de manera eficaz a las causas de la migración. Se requieren, eso sí, orientaciones sabias, que contribuyan a inhibir la movilidad humana hacia los países de destino, una circunstancia que viene acompañada de diversas violaciones a los derechos humanos en agravio de los migrantes.
Me permito recordar a continuación los derechos que tienen todos los migrantes: derecho a migrar (por lo tanto, los migrantes merecen protección nacional e internacional); derecho a la vida y a la salud; derecho al respeto a su dignidad humana; derecho a ser reconocido en cualquier parte como persona ante la ley; derecho a que se le presuma inocente cuando se acusa a uno de ellos de haber cometido un delito, hasta que se establezca legalmente su culpabilidad por parte de un juez; derecho a no ser discriminado por estar en un país diferente al suyo.
Conviene señalar también la necesidad de proteger a todos los niños migrantes, principalmente a los menores no acompañados, que son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos como ser detenidos y explotados laboralmente, quedar expuestos a la amenaza del crimen organizado, sufrir violencia y discriminación, pasar hambre y frío y no tener acceso a los servicios de salud.
Concluyo compartiendo con mis lectores los siguientes datos publicados en la web Portal de Datos Mundiales Sobre la Migración: “en 2019, los niños migrantes representaban el 12 por ciento de la población de migrantes (UNICEF, 2020). El número estimado de jóvenes migrantes (de 15 a 24 años) también aumentó de 22,1 millones en 1990 a 31,7 en 2020. En 2020, los jóvenes migrantes representaban el 11, 3 por ciento de la población migrante total y el 2,6 por ciento de la población total de jóvenes mundialmente (DAES, 2020).”
Estos datos dicen mucho, pero dirá mucho más nuestra sensibilidad y la creación de políticas públicas dirigidas a administrar la migración y a poner fin al entorno social y económico desigual, violento y discriminatorio en agravio de los migrantes, a las que deben unirse las acciones de la sociedad orientadas a proteger y asistir a los migrantes en estado de vulnerabilidad.
Twitter: @armayacastro
